El plan de empleo solo genera el 30% de las contrataciones previstas

Cuando faltaban 21 días para su conclusión, el Gobierno andaluz de coalición acordó ayer modificar y ampliar a 2014 lo que bautizó en su día con el nombre de plan de choque por el empleo en Andalucía, que tenía como fin crear con 200 millones de euros 11.100 empleos en 17 meses (desde que se aprobó en julio 2012 hasta diciembre de 2013). El Ejecutivo no dio datos de la ejecución de este programa que PSOE e Izquierda Unida incluyeron en el acuerdo de gobierno firmado en abril del pasado año, dentro de un paquete de medidas urgentes.

“No disponemos de esa información”, aseguró el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, quien afirmó que los datos se darán cuando concluya el plan, aunque tampoco pudo decir la fecha concreta de su finalización. La tasa de paro en la comunidad es del 36,4%, es decir, 1.447.000 personas, según la Encuesta de Población Activa.

Pese a la negativa del portavoz a facilitar ni una sola cifra, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo estimó en un 30% las contrataciones generadas a fecha del 14 de octubre. En una respuesta escrita a una pregunta formulada por la diputada del Partido Popular Teresa Ruiz-Sillero, Economía cifró en 3.329 los empleos creados, la mayoría de ellos temporales. Solo 164 de estas contrataciones (el 4,9%) eran de mujeres.

El llamado plan de choque tiene tres ámbitos de actuación: construcción, ampliación y renovación de colegios e institutos, dotado con 100 millones; un programa de mejora forestal y regeneración medioambiental, con 90 millones; y obras de rehabilitación de viviendas, con 10 millones. Los datos de Economía al PP no incluyen un balance de este último programa, según fuentes de la Junta. El 75% del presupuesto del plan, que preveía la creación de empleo a corto plazo, está financiado con fondos europeos.

El portavoz del Ejecutivo informó de la modificación de los criterios de selección de personas para acogerse el plan de choque. Ahora se dará prioridad a la contratación de parados de los municipios donde se hagan los proyectos. Los requisitos anteriores establecían que fueran desempleados de larga duración que hayan agotado sus prestaciones y que acreditaran cargas familiares. Según la Junta, esa condición provocaba que algunos trabajadores tuvieran que trasladarse hasta 80 kilómetros para acceder a un puesto de trabajo.

“Había desajustes que había que corregirlos”, dijo Vázquez, quien sostuvo que estos cambios pretenden hacer el plan más “operativo, eficaz y funcional”. Sin el más mínimo tono de autocrítica y pese a no dar ni un solo dato de evaluación, el portavoz del Ejecutivo opinó que el plan se está “cumpliendo razonablemente”. El argumento en el que se basó para esta afirmación es que el número de parados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo en Andalucía descendió en el mes de noviembre en 4.897 personas, lo que deja la cifra de parados registrados en 1.064.114. “Sin este resultado en Andalucía, en España no hubiera bajado el paro”, sostuvo Vázquez, para quien la comunidad va “por el buen camino” y “por la senda de la recuperación”.

El PP calificó de “fracaso” el plan de choque por el empleo. “No se trata de cambiar el criterio del plan sino radicalmente la filosofía de las políticas de empleo en Andalucía porque las que se han desarrollado no han dado resultado y solo nos han llevado a ser los primeros en paro”, aseguró la vicesecretaria de Organización popular, Ana María Corredera.

La dirigente popular atribuyó las modificaciones para acceder a este programa a que el Gobierno “reconoce que ha vuelto a fracasar”.

Los datos que obran en poder de los sindicatos a fecha del 30 de septiembre sostienen que las personas que se han acogido al plan eran 2.666 de las 11.100 anunciadas, según afirmó el secretario general de Comisiones Obreras, Francisco Carbonero. Este aseguró que la Junta de Andalucía no les ha informado del porcentaje de empleo nuevo respecto al mantenido que implica esa cifra.

“Para que este programa tenga credibilidad tiene que haber comisiones de control, seguimiento y evaluación provinciales”, defendió Carbonero, quien propone acuerdos entre los empresarios, los sindicatos, la Junta y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para lograr una mejor verificación de los programas de empleo. “Solo queremos que se cumplan los planes y que se les saque la máxima rentabilidad”, afirmó.