Al menos 40 condenados en el ‘caso Malaya’ recurren ante el Supremo

Al menos 40 condenados en el caso Malaya han anunciado que recurren en casación ante el Tribunal Supremo la pena impuesta por la Audiencia de Málaga por su participación en la trama de corrupción creada alrededor del Ayuntamiento de Marbella, cuya sentencia se hizo pública el pasado 4 de octubre. El periodo de tiempo otorgado por el tribunal para impugnar el fallo expiró ayer y la Sala, encargada de tramitar los recursos, tenía conocimiento de 39 escritos. Hay que sumar el de la exalcaldesa Marisol Yagüe, que ha notificado su intención de recurrir. Según fuentes judiciales, en los próximos días podría llegar algún escrito más registrado dentro de plazo en el juzgado decano.

El tribunal condenó a 51 personas (de los 95 acusados juzgados), por lo que la mayoría de los penados ha optado por presentar recurso ante el Tribunal Supremo. Entre ellos está el cabecilla de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, exgerente de Urbanismo de Marbella, condenado a 11 años de prisión y a una multa de 240 millones. En su escrito ha alegado quebrantamiento de forma e infracción de ley y precepto constitucional. Estos motivos son los más repetidos por los afectados.

Además de Roca y Yagüe (condenada a seis años de cárcel y a una multa superior a los dos millones de euros por cohecho pasivo, alteración de precios y fraude), también ha anunciado su intención de recurrir en casación la ex primera teniente de alcalde de Marbella, Isabel García Marcos, penada con cuatro años de prisión por recibir sobornos y alteración de precios, igual que Yagüe. Fuentes próximas a Julián Muñoz confirmaron que el exalcalde no ha recurrido los dos años de reclusión fijados por el tribunal de Malaya, por lo que aceptaría su condena. Sin embargo, su decisión no implica que el fallo sea ya firme para el exregidor. Muñoz está ahora en prisión por el caso de blanqueo en el que fue condenado junto a Isabel Pantoja y Maite Zaldívar, sentencia que tampoco recurrió.

En cuanto a las acusaciones, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Junta, que ha ejercido la acusación popular, han anunciado también sendos recursos, en este caso para lograr que el Supremo agrave las penas de los implicados en la red corrupta. El Ayuntamiento de Marbella, acusación particular, dijo nada más conocerse el fallo que no recurriría al Supremo porque la sentencia recoge su deseo de que parte del dinero de las multas y los bienes decomisados se destine a saldar la deuda de la Administración local con Hacienda y la Seguridad Social.

El tribunal del caso Malaya sentenció que en el Consistorio marbellí se instauró en los últimos años del GIL un “sistema de corrupción generalizada” en el que Roca ostentaba todo el poder y tenía en nómina a los concejales. La resolución consideró probado que el exgerente de Urbanismo recibía dinero de los promotores con intereses en la ciudad y después repartía entre los ediles, que eran los encargados de dar luz verde a las resoluciones urbanísticas o a la adjudicación de servicios.