Cuestión de economía

Me acerqué, preocupado, al anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, y no creo que mi inquietud responda al miedo a cometer alguna de las infracciones que el legislador penaliza. Mi preocupación es económica. La versión oficial dice que por fin se acaban los días de dinero y trabajo escasos, pero el nerviosismo policial del Gobierno del PP es un síntoma de lo contrario: la mala racha seguirá y exigirá vigilar el desasosiego de los ciudadanos. Pienso así porque me acuerdo de cuando el PSOE sacó su Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 1992. También entonces era perceptible en la calle el desfallecimiento económico, mientras se alargaban las colas del paro después de la primera guerra del golfo Pérsico, los Juegos Olímpicos de Barcelona, la celebración del V centenario del descubrimiento de América y la Exposición Universal sevillana.

En periodos de escasez la gente se encrespa, y el PSOE, previsor, hizo en 1992 lo mismo que ahora el PP: fabricar una ley que contrarrestara y castigara la irritación pública. Leo las nuevas previsiones policiacas y siento miedo económico, miedo al empobrecimiento. “Sin dinero, uno va acobardado”, me dijo una vez mi madre. Al encogimiento económico se sumará estos días la intimidación que transmite esta nueva ley del PP. Porque el castigo de conductas que antes pasaban por el juzgado dependerá ahora de la autoridad y el criterio policiales, y, considerando comprensible que las fuerzas del orden se caldeen un poco en el ejercicio callejero de sus funciones represoras, entiendo que les será humanamente difícil mantener la objetividad a la hora de imponer sanciones.

Algunos de los comportamientos que la ley perseguirá se prestan por su propia naturaleza a la arbitrariedad de las autoridades sancionadoras. Pienso en otra de las fijaciones nacionales, producto de la peculiar historia de España y sus guerras: la susceptibilidad en torno a los ultrajes al himno, la bandera y la propia España, contagiada a las comunidades autónomas. El ultraje a esas entidades ya está previsto en el Código Penal, y hasta el momento dependía del juez decidir la realidad del ultraje, cuestión delicada que ahora se supedita al humor de los policías y sus mandos. El ultraje pertenece a ese tipo de cosas que, como la ofensa o la sospecha, solo existen si alguien cree que existen. Antes el que dictaminaba si existía ultraje era un juez. Ahora se deja al ojo de la policía y, novedad de la ley del PP, de los guardias de las empresas privadas que actúen bajo su mando.

Esta nueva ley es una respuesta al malestar que las medidas políticas del Gobierno del PP han provocado en muchos ciudadanos. El Ministerio del Interior es explícito cuando justifica la oportunidad de la ley: “El derecho de manifestación se ha ejercido ampliamente en los dos primeros años de esta legislatura. Nos encontramos en el momento adecuado para impulsar una ley que permita que queden mejor afianzados los derechos y libertades públicas, garantizando mejor la seguridad ciudadana e impidiendo la aparición de conductas ilegales, violentas y vandálicas”. ¿Ha habido demasiadas manifestaciones? Hay que limitar el derecho de manifestación, siguiendo el procedimiento habitual, es decir, declarando que para afianzar derechos y libertades se coartan derechos y libertades.

Recordando que PP y PSOE se han acusado de ofensas a Andalucía cada vez que querían criticarse mutuamente por decisiones políticas ocasionales, y consciente de que las autoridades se vuelven suspicaces cuando pierden autoridad moral, me temo que en lo sucesivo todo pueda ser considerado ultraje a la patria española, andaluza, manchega o baleárica, quién sabe. Me temo que aumentarán los reos de manifestación y reunión ilícitas. La susceptibilidad autoritaria de nuestros gobernantes prevé con amenazas económicas la posibilidad de que en tiempos difíciles, como los de 1992 o los de hoy, la calle se agite. Las infracciones graves contra el orden público se castigarán con multas de 1.001 a 30.000 euros. Pero el PP introduce otro cambio respecto a las penas que impone el Código Penal. Ahora, por ejemplo, los ultrajes a España y lo español se castigan con la pena de multa de siete a 12 meses (mínimo, 2 euros al día; máximo, 400) y el juez fija la cuantía según las circunstancias personales del reo. El Código Penal todavía vigente castiga a cada uno según sus posibilidades económicas. No entra en esas consideraciones el PP, que ha demostrado un sentido equitativo muy suyo y multa a todos por igual como solo sube impuestos que afectan por igual a ricos y pobres, es decir, que afectan mucho más a los pobres, el IVA, por ejemplo. Teniendo en cuenta que hoy lo normal es ganar de 12.000 a 15.000 euros al año, acabar en una reunión indeseable, mirar con mala cara a la bandera o a un policía o a un guardia de seguridad, puede costarle a un individuo de un mes a dos años de trabajo, si hay trabajo. Esta ley hace pensar en lo peor, y hablo solo desde un punto de vista económico.

Justo Navarro es escritor.