La Cámara exige a Salud que otorgue una tarjeta sanitaria a todos los extranjeros
Aprueba también reclamar un cambio de toda la normativa para garantizar el acceso a la sanidad de inmigrantes y el PNV advierte del riesgo de nuevos recursos de Madrid ante el TC
Las medidas del Gobierno vasco para atender a los inmigrantes sin permiso de residencia han recibido este jueves un varapalo del Parlamento, que con los votos de EH Bildu, PSE y UPyD -la abstención del PNV y el voto en contra del PP- ha exigido al Departamento de Salud que habilite una tarjeta sanitaria para los inmigrantes sin permiso de residencia y se revise al completo la normativa vasca para eliminar las trabas existentes hoy en día para el acceso de los inmigrantes a la sanidad pública. El PNV ha mostrado su temor ante un nuevo decreto porque "es muy probable que vuelva a impugnarlo ante el Tribunal Constitucional, que lo suspendería automáticamente". El consejero de Salud, Jon Darpón, no ha estado presente en el debate, que ha comenzado con solo 15 de los 75 parlamentarios presentes.
La resolución aprobada insta al Ejecutivo a “modificar” la normativa actual que “impide el acceso de todas las personas a recibir atención sanitaria universal”, le reclama una normativa para garantizar la atención en los centros de salud y en los hospitales –cita a Navarra, comunidad que, obligada por su Parlamento por ley, ha tomado la decisión de atender a todos los inmigrantes de la misma manera que a los autóctonos desde el primer día- y exige proporcionar una tarjeta sanitaria a inmigrantes irregulares.
El departamento ha emitido una instrucción interna que permite que este colectivo, cifrado en unas 700 personas por Salud, tenga un médico de cabecera, pero mantiene cerrada la puerta a la tarjeta sanitaria. La socialista Blanca Roncal ha asegurado que este hecho dificulta el acceso a los inmigrantes a un ingreso hospitalario y les dificulta también acudir al decreto de compensación del copago. Eva Blanco (EH Bildu) ha recordado los problemas que tienen los inmigrantes para mantener el empadronamiento, por las dificultades de mantener una vivienda, etc.
Desde el PNV, Kerman Orbegozo ha defendido la actuación del Departamento de Salud, cuyo consejero se ha limitado a aplicar el decreto aprobado por el Gobierno socialista en 2012 y cuya suspensión fue levantada parcialmente para poder atender a los inmigrantes. “La tarjeta no se les da porque no se les puede dar en el marco jurídico actual”, ha criticado. Orbegozo ha recordado que fue el PSE el que en ese decreto estableció que las tarjetas sanitarias no se otorgasen a los inmigrantes hasta que llevasen un año empadronados en Euskadi. Roncal le ha respondido que se fueron otorgando tarjetas temporales trimestrales y que “no hubo problemas” hasta que en 2013 el Ejecutivo del PNV aprobó una orden para desarrollar el decreto, ya que se empezó a “facturar” por urgencias a inmigrantes, aunque no se les ha llegado a cobrar. “Es lo que queremos evitar”, ha asegurado. Orbegozo ha reconocido que había esa previsión, pero ha señalado que no quedó reflejada en ninguna norma.
Solo la portavoz sanitaria del PP, Laura Garrido, ha defendido el real decreto ley del Gobierno central que motivó los cambios normativos vascos. Garrido ha asegurado que las medidas evitaron el “turismo sanitario” y el “cúmulo de irregularidades” que desde su punto de vista existían. Garrido ha advertido de los problemas jurídicos de la resolución aprobada por el Parlamento porque el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, sino que ha levantado la suspensión cautelar.
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