La excavadora vuelve a El Gallinero

Seis meses después, la excavadora ha regresado a El Gallinero. El Ayuntamiento de Madrid ha derribado esta mañana tres viviendas —dos ocupadas y una vacía— de este poblado chabolista situado a apenas 15 kilómetros de la Puerta del Sol, junto al vertedero de Valdemingómez y a orillas de la autovía de Valencia. Aunque los voluntarios que trabajan en la zona y el párroco de San Carlos Borromeo, Javier Baeza, cifran los derribos en 12 construcciones y dicen que todas ellas estaban ocupadas por unos 40 vecinos (22 de ellos menores).

Sobre esa diferencia de cifras, el Servicio de Disciplina Urbanística del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda explica que los derribos de estas tres infraviviendas se han llevado a cabo mediante una orden judicial y que también se han demolido otras seis chabolas, "la mayoría de ellas vacías", entre las que había también casas que habían sido derribadas con anterioridad y las habían reconstruido.

Según afirma este organismo, las demoliciones se han hecho a instancias de la Junta de Compensación de Valdecarros, propietaria de estos terrenos. Desde el Ayuntamiento aseguran que ninguno de sus moradores ha aceptado los recursos que les ha ofrecido el Samur Social como un albergue temporal, comida y atención a esos niños. Esta unidad ha estado presente en el desalojo llevado a cabo por un amplio despliegue de la Policía Municipal.

La excavadora ha llegado a este asentamiento ilegal sobre las diez de la mañana. A esa hora, muchos de los niños del poblado hacían la ruta escolar, pero otros estaban en sus casas. La abogada de las familias rumanas que viven en el Gallinero, Patricia Fernández, denuncia que la policía no les ha dejado pasar como otras veces: "Ni a nosotros ni a Cruz Roja ni al equipo médico".

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Carmen Sánchez Carazo también ha intentado acceder al poblado. Al no conseguirlo, ha pedido ver después la orden judicial sin que nadie de los allí presentes se la enseñara, dice. "Han usado una orden de entrada y se han ensañado. La excavadora ha entrado y ha destruido todas las pertenencias. Han ido a hacer daño. ¿Qué beneficio tiene para los propietarios derribar 12 viviendas al azar y poner todo patas arriba si no van a poder obtener nada con el suelo?", se pregunta Sánchez Carazo, que pide un plan global y una salida social para este poblado en el que viven unos 200 niños.

El párroco Baeza tampoco ha podido entrar. Pero niega que les hayan ofrecido alguna salida social a las familias afectadas. "Lo habitual", afirma, "es que les ofrezcan ir a campamentos de realojo que suelen estar completos". Y donde, según la concejal socialista, "no gozan de la misma libertad al estar sujetos a horarios muy estrictos".

Este grupo municipal critica, además, que el Ayuntamiento ha incumplido un acuerdo alcanzado hace dos meses por el cual se comprometía a no realizar demoliciones en El Gallinero durante el periodo de la ola de frío. Las familias que han sido desalojadas pasarán, presumiblemente, esta noche y las siguientes en otras chabolas.

Según Fernández, la abogada de estas familias, uno de los derribos ha tenido lugar en presencia de tres menores, que en ese momento estaban esperando a sus padres. "Su madre había ido al médico y su marido fue a recogerla a la parada de autobús; cuando han vuelto al poblado no les han dejado entrar a pesar de que sus tres hijos, la mayor de 12 y los otros dos pequeños, estaban en su casa".

En abril de 2012, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, visitó El Gallinero "la zona más degradada en la zona más degradada de Madrid". Entonces anunció un calendario de reuniones periódicas con la Comunidad de Madrid “para desmantelar el poblado y dar así una salida a las familias que viven allí”. “Es un proceso largo y no lo vamos a conseguir en cuatro días; no nos hemos marcado plazos”, afirmó el año pasado Botella.

Desde el Área de Urbanismo aseguran que siguen trabajando en la hoja de ruta que establece el Programa de Actuaciones de Intervención Social en El Gallinero para garantizar la integración y normalización de las familias de ese poblado para el que han destinado, dicen, 1,2 millones de euros.