Los fiscales deploran enfrentarse al “corporativismo” de los funcionarios

La ciudadanía puede tener “la sensación de que la justicia no trata igual al poderoso que al resto” por la falta de medios de las fiscalías a la hora de perseguir los casos de supuesta corrupción. Esta es una de las razones por las que la fiscalía vasca se quejó con contundencia de su falta de recursos para investigar esos casos y que ha repetido este lunes en el Parlamento el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre. Junto a Izaguirre han comparecido en la Cámara el fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, y las responsables del ministerio público en Bizkaia, Carmen Adán, y Gipuzkoa, Idoia Zuriarrain.

Ante la atención que ha suscitado dicha denuncia de falta de medios, incluida en la última Memoria de la Fiscalía, Calparsoro ha optado este lunes por tender puentes con el Gobierno autónomo, en el que ve una “buena disposición” de ayudar. También observa avances desde que lanzó esa advertencia: el refuerzo de la unidad de delitos económicos de la Ertzaintza o la conexión con las bases de datos de información mercantil.

Y se ha mostrado contundente en una afirmación: “En cuestiones procesales, ni el actual ni el anterior Gobierno vasco han defendido a los corruptos”. Las “trabas” existentes, ha apuntado, son “probablemente involuntarias”. Calparsoro ha sido poco a poco matizado por sus subordinados provinciales. Primero fue Adán, quien en materia de contratación pública ha advertido de que “cada vez se siguen menos los procedimientos estrictos” y se “relajan” los de control para lograr agilidad en la Administración. Ello conduce a que “todo el mundo esté en un marasmo de irregularidades”. El resultado: “Todos los funcionarios cierran filas en un corporativismo” que deja a los fiscales sin su “cobertura” para armar un caso.

Izaguirre ha sido el autor de las advertencias más contundentes de la Memoria sobre la falta de recursos para afrontar los casos de corrupción política, al ser quien más investigaciones de este tipo está asumiendo: los casos De Miguel, aún en fase de instrucción; Tellería, en el que los tres acusados fueron absueltos, y las posibles irregularidades en Epsilon e Hiriko.

Este lunes ha señalado que la falta de una “verdadera” Policía Judicial, dependiente de los juzgados, hace que no tengan “ningún tipo de control de las investigaciones policiales”. Lo que en esos trabajos se realiza “sale de nuestro control”, ha añadido. “Nos viene el resultado cocinado”, zanjó. Izaguirre ha afrontado casos como el de Tellería, en el que estaban implicados dos ertzainas, después absueltos, y que fue investigado por la propia policía vasca. En el caso De Miguel, el informe económico de una de las ramas, la recalificación de terrenos en Zambrana, ha tardado más de un año en llegar al ministerio público.

El fiscal alavés ha querido dejar claro que está “poniendo todos los medios” para investigar lo ocurrido con los fracasados proyectos automovilísticos de Hiriko y Epsilon, que recibieron multimillonarias ayudas públicas.

Calparsoro ha acabado apuntando a ese corporativismo de manera más velada y habló de “trabas probablemente involuntarias” en “autodefensa” del órgano al que se pertenece. Adán ha señalado que la falta de sustituciones genera un “cuello de botella de proporciones descomunales” entre los fiscales, que hace que se prioricen las causas individuales ante aquellas que afectan a los “intereses generales” de la sociedad, como los casos de corrupción. Esta falta de medios es el principal obstáculo en la investigación de estos casos, aseguraron los fiscales.

Adán ha dejado claro que “cada vez que no se cubre una baja se generan situaciones caóticas de paralización; la oficina pende de un hilo”. Su preocupación ha sido compartida por Zuriarrain, quien ha reclamó tener a su disposición técnicos con los que mantuvieran “verdadera confianza” para analizar las contabilidades de las empresas investigadas.