La Constitución herida

Suena a sarcasmo o hipocresía que después de haberse hecho público la semana pasada el diktat político-económico impuesto en 2010 al Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero en forma de carta del presidente del Banco Central Europeo (BCE), se siga hablando de soberanía española como si nada hubiera ocurrido. Que la versión española de la grosse coalitionen alemana, lo que cabría denominar como la gran pareja PP-PSOE, siga hablando de consenso constitucional después de haber llevado a cabo entonces una reforma exprés de la Constitución de 1978 sin contar con las demás fuerzas políticas que lo forjaron es, simplemente, una demostración de que este concepto ha perdido el valioso significado de concordia civil y política que tuvo en su origen.

Ahora significa, simplemente, mayoría parlamentaria, algo bastante distinto. Que en el universo político del PP y aledaños se siga hablando de la persistencia del consenso constitucional después de que fuerzas decisivas e imprescindibles en aquel consenso, como fueron IU/PCE y CiU, lleven años denunciando que está roto, parece por lo menos un caso de sordera política.

¿Cuánto tiempo puede durar una situación como esta? La verdad es que, si nos atenemos a la experiencia histórica, mucho. El antecedente inmediato no es alentador. La Restauración monárquica de 1874 y su constitución, por ejemplo, duraron casi medio siglo. Pero cuando fue sustituida, llevaba ya bastantes años herida de muerte.

Es un sarcasmo que la afectación de la soberanía esté al alcance del BCE y no de los ciudadanos de Cataluña

Desde luego no puede decirse que la Constitución española de 1978 esté muerta. Dios nos libre de tamaña desgracia, porque las leyes de seguridad ciudadana que en ese caso nos caerían encima serían de órdago. Los títulos de derechos fundamentales de esta Constitución siguen siendo una coraza muy necesaria para la ciudadanía de este país, aunque esté cada día más abollada. Todo lo otro es desde luego muy importante, pero viene después.

Lo que hay escrito en la Constitución antes de los derechos fundamentales son precisamente los artículos que proclaman esa soberanía que ya se ha visto a que puede quedar reducida si los bancos españoles deben mucho dinero a los bancos alemanes, que es lo que estaba en el origen de las rigurosas instrucciones impartidas al Gobierno de España por el BCE.

Estos primeros artículos de la CE son los que contienen también el fruto de otro diktat, ahora ya puede decirse que tan poco edificante como el de 2010. Se trata del impuesto por los poderes fácticos del momento en la retorcida definición nacional de España, de Cataluña y del País Vasco aunque a estas dos últimas entidades no se las cite por su nombre, según explicó con detalle en su día uno de los redactores de la Constitución, Jordi Solé Tura, en el libro donde dejó escrita su experiencia como ponente constitucional en representación del PCE-PSUC.

Esta parte de la Constitución está siendo sostenidamente impugnada desde Cataluña desde aproximadamente el verano de 2010, por razones que desde entonces han cuasi monopolizado el debate político. A la inversa, esta es precisamente la parte de la Constitución que defiende a ultranza el Gobierno del PP.

Hay una parte sustancial de la ciudadanía catalana, mayoritaria en el Parlamento autónomo, que acusa a las instituciones centrales del Estado español, es decir, al Gobierno, las Cortes y el Tribunal Constitucional, de no ser leales, precisamente, al desarrollo del modelo constitucional de 1978. De haberlo desvirtuado, de interpretarlo regresivamente hasta semivaciarlo de contenido político.

El 6 de diciembre será la tercera conmemoración del Día de la Constitución aunque en Cataluña sean mayoritarias las fuerzas políticas que la consideran en quiebra

Claro está que todo esto es opinable. La ventaja del consenso como hallazgo político consistió en que permitía pensar a todas las partes que lo forjaron que en el futuro podrían desarrollar la Constitución según sus intereses y modelos político-ideológicos. Esto es lo que ha ocurrido, efectivamente, y en Cataluña ha cristalizado en un movimiento soberanista que en tres o cuatro años no ha hecho más que crecer.

Desde 2010, dos de las fuerzas políticas catalanas co-autoras del consenso constitucional, CiU e ICV-EUiA, los herederos del PSUC, lo denunciaron alegando que a su juicio el Tribunal Constitucional había cerrado regresivamente el desarrollo de la autonomía política prevista en la Constitución. La otra gran parte autora del consenso constitucional, el partido socialista, se ha quedado a medio camino en una situación que, probablemente, sea la que a la larga, todos recorrerán: no impugna esta parte de la Constitución, pero exige su reforma.

En este punto estamos. Este 6 de diciembre será ya la tercera conmemoración consecutiva del Día de la Constitución después de que en Cataluña sean mayoritarias las fuerzas políticas que la consideran en quiebra. Todo el mundo es libre de opinar lo que quiera sobre la decisión del Gobierno autónomo y la mayoría de Gobierno CiU/ERC de formular una consulta al electorado sobre un asunto que pertenece al núcleo constitucional como esa soberanía que solo está a merced de la banca alemana.

Es fácil prever que lo más probable es que el presidente Artur Mas y sus aliados se estrellen contra algún muro o se despeñen por algún precipicio, constitucional, por supuesto. Pero eso, que tanto ansían algunos de sus adversarios, no representaría en realidad nada más que otro paso hacia la obsolescencia del modelo constitucional hoy solo herido. Esperemos que, en el camino, no nos despojen de la coraza que todavía nos protege de las leyes de seguridad de la derecha y otros destrozos.