¿En qué banco se ingresó el dinero?

El Ayuntamiento de Santos de la Humosa (2.300 habitantes) desconoce con exactitud qué bienes tiene, cuál es el saldo de algunas de sus cuentas bancarias y quién y cuándo abonó los tributos municipales, según un informe de la Cámara de Cuentas relativo a los ejercicios 2009 y 2010. El órgano fiscalizador de los 179 municipios madrileños y organismos públicos ha elevado un durísimo informe en el que destaca que “dada las graves deficiencias observadas [en la documentación examinada de esos dos años] existe una limitación general para realizar las conclusiones oportunas”. No obstante, destaca las siguientes:

 Existe un “desconocimiento tanto de las cuentas bancarias como de la titularidad de las mismas, donde se producía la recaudación de los tributos municipales que eran objeto de compensación por la EGTRM [empresa que gestionaba y recaudaba los impuestos entre 2004 y 2013]. Esta información ni ha podido ser facilitada por la actual Corporación municipal, ni se ha podido deducir exactamente de la documentación examinada”.

Los auditores señalan que la falta de información impide conocer “la situación tributaria de cada sujeto pasivo [contribuyentes], salvo que se proceda a revisar manualmente, con las dificultades que conlleva”. Falta, además, un registro contable de las cuentas restringidas, justificantes de ingresos. En 2009 no se elaboraron documentos presupuestarios y en 2010 “no estaban firmados”.

Los recaudadores metían el dinero

En concreto afirman que la totalidad de los ingresos tributarios y tasas “son gestionados” por una empresa privada, por lo que su gestión recaudatoria “es prácticamente integral, encargándose de todo el proceso (recibos, adecuación del padrón, recaudación voluntaria y ejecutiva)”... Cada mes, esta empresa presentaba al Ayuntamiento un documento donde ofrecía el detalle de la recaudación, así como de las cuentas donde se habían producido los ingresos. Pero el Ayuntamiento no lo comprobaba. De hecho, “se han observado desfases de entre dos y tres meses entre el momento en que se produce el ingreso por parte del tributario y la inclusión del mismo presentada por la EGTRM. Esta empresa, además, no llevaba un registro informático de lo recaudado, sino solo en papel, “lo que dificulta y ralentiza la realización de cualquier tipo de análisis de gestión de ingresos” y de relacionarlo con las bases de datos municipales. De hecho, el 1 de enero de 2013, la empresa dejó de prestar el servicio y, como no hay bases de datos, “podría dar lugar a posibles prescripciones de derechos [que el Ayuntamiento se quede sin cobrar]”.

La empresa que gestionaba los recibos ingresaba lo recaudado (141.060 euros en 2009 y 236.015,14 en 2010) en una cuenta bancaria “sin especificar el número de la misma”, pero sí el nombre del banco, pero resulta que el Consistorio no tiene ninguna cuenta en esa entidad.

Los auditores rastrearon después diversas cuentas municipales y descubrieron que algunas tenían “saldo cero” y un abono que les llamó mucho la atención: “Se ha detectado que se han facturado diferentes obras y suministros para las instalaciones municipales con Suministros Pflumer, siendo su administrador único” el tesorero del Ayuntamiento, si bien también era concejal de Servicios, Patrimonio, Régimen Interno, Personal y Empleo y tercer teniente de alcalde. “Esta persona ha autorizado y pagado facturas a favor de la entidad mercantil” que era suya.

Un concejal

El descuadre es tal que la alcaldía el 17 de diciembre de 2012 firmó la “prescripción de derechos de más de cuatro años de antigüedad de entre los años 1998 y 2006 por importe de 230.296,36 euros”. El informe de la intervención dice literalmente: “Existen numerosos derechos pendientes de cobro imputados a ejercicios cerrados, los cuales no se corresponden con los datos suministrados por el servicio de recaudación o se duda sobre la veracidad de los mismos”. Entre ellos destacan la venta de un solar, cuyos dueños debían haber ingresado en el Ayuntamiento 199.811,42 euros.

Los auditores sostienen, por ello, que “el control interno que ha existido en el Ayuntamiento en los ejercicios fiscalizados ha sido muy deficiente”. Y dan los siguientes ejemplos: “Con carácter general, no consta registro de entrada en las facturas”, no existe “el conforme en las facturas por el responsable, que acreditase la realización de la prestación del servicio, suministro, etcétera, que justifique el reconocimiento de la obligación”. Y continúan: “El Ayuntamiento no justifica las condiciones laborales y económicas de su personal, ni tampoco información sobre nombramientos o la tramitación de funciones y responsabilidad relativas a la gestión de la nómina y la gestión de personal”. Siempre según los auditores, “no existe inventario de bienes inmuebles arrendados o subarrendados”, tampoco de los terrenos municipales. Y, finalmente, concluyen: “Los informes necesarios para la tramitación de las licencias fueron emitidos por cuatro técnicos nombrados por la Junta de Gobierno, sin que exista vinculación jurídica laboral con ellos y nombrados sin concurso”.