Privatizados 298 pisos de alquiler social en Barcelona por 11 millones

El Consejo Comarcal del Barcelonès privatizó el pasado mes de agosto la gestión de 298 viviendas de alquiler social de la capital catalana. Colón Viviendas, un fondo de inversión propiedad de la gestora Azora, pagó 11,4 millones de euros por las viviendas de protección oficial distribuidas en cuatro bloques de Sant Andreu, Les Corts y dos de Nou Barris. Todos los inmuebles tienen inquilinos con contratos en vigor.

Regesa, la empresa pública de promoción de vivienda social del Barcelonès que hasta ahora gestionaba las viviendas, desvinculó esta operación de su delicada situación financiera, que sí le obligó a desprenderse de otros 391 pisos en 2010 también a favor de Azora. El director general de Regesa, Jaume Vendrell, aseguró que la privatización es el resultado de la extinción de la Fundación Pisos de Alquiler, entidad privada pero vinculada a Regesa, que gestionaba las 300 viviendas. Según explicó, la fundación no podía pagar una promoción de alquiler que está construyendo en el Raval a causa de la denegación de un crédito por parte del ICO, por lo que precisaba liquidez para acabar los pisos. Cuando acabe la construcción de las viviendas del Raval, la fundación se extinguirá.

Colón Viviendas no podrá modificar los precios sociales de los alquileres hasta que expiren los contratos de alquiler vigentes. Los cuatro bloques deben destinarse a alquiler social durante 25 años. Los derechos de superficie de los edificios que ha adquirido, en cambio, tienen una duración de 75 años, tras los cuales la propietaria deberá devolver los pisos al Ayuntamiento de Barcelona.

Después de estas privatizaciones, Regesa se queda con un parque de 200 viviendas de protección oficial

Después de estas privatizaciones, Regesa se queda con un parque de 200 viviendas de protección oficial. Vendrell negó que existiera la intención de vender más activos sociales y que antes de su venta a una compañía privada, los pisos fueron ofrecidos al Ayuntamiento de Barcelona, que las rechazó. “Hace tres años había necesidades de tesorería y se privatizaron 400 viviendas, hoy estamos cumpliendo con el plan de viabilidad y no se privatizará nada”, aseguró Vendrell. El plan de viabilidad, tutelado por Deloitte y que concluye en 2014, ha obligado a la empresa a desprenderse de 12 solares y aplicar rebajas salariales. Vendrell admitió que Regesa “no tiene un buen horizonte” debido al fin de las subvenciones para la promoción de alquiler social por parte del Gobierno central y aseguró que, en el peor de los casos, recomendaría ceder la gestión de las viviendas de Regesa a la entidad municipal de vivienda de Barcelona, tal y como sucedió con los pisos de Regesa en Torre Baró, cedidos al Consistorio por su baja ocupación.

Por su parte, la asociación que denunció esta privatización, 500u20, señala que, tras esta operación, las viviendas sociales del Consell Comarcal se quedan “en cuadro” y temen que Regesa se privatice totalmente. Azora compró, junto a Goldman Sachs, los 3.000 pisos del plan de vivienda joven de la Comunidad de Madrid por 201 millones de euros en agosto pasado. La Generalitat también analiza la posible venta de sus 14.000 viviendas de protección oficial.