Alaya acusa a la anterior cúpula de Mercasevilla del pago de mordidas

“Una gestión desleal de la sociedad Mercasevilla (...) lo que habría generado un falseamiento de sus resultados contables”. La juez Mercedes Alaya acusa a la anterior cúpula de la empresa pública Mercasevilla de perjudicar sus arcas y haber pagado 652.245 euros en “comisiones ilícitas”, la mayoría de ellas abonadas al conseguidor y exsindicalista que intervino en los ERE, Juan Lanzas, según establece la magistrada en su último auto de imputación.

Alaya achaca a los tres exdirectivos acusados Fernando Mellet, Daniel Ponce y Pilar Giraldo de cuatro delitos (malversación, fraude, apropiación indebida y delito societario) en la rama del caso Mercasevilla que analiza la gestión contable de la empresa pública sevillana. Mellet dirigió la sociedad con la subdirección de Ponce y Giraldo al frente de la dirección económica. Hoy los dirigentes de la anterior cúpula comparecieron ante Alaya, pero los tres se acogieron a su derecho a no declarar. “Mediante graves anomalías contables” los imputados buscaban “dar una idea distorsionada de su realidad”, detalla la juez en su resolución.

Mercasevilla abonó a Lanzas 540.615 euros con “ausencia de causa lícita”, critica la instructora. Además, la empresa pública pagó 69.800 euros a la firma de consultoría Hermes Consulting, propiedad de un cuñado del comercial Francisco González, de la consultora Vitalia, pese a que “la empresa no tenía personal propio ni pagó servicios de profesionales externos”.

La juez acusa a Mellet de gastos 31.000 euros con una tarjeta de crédito sin “adecuado soporte documental”. “Se desconoce si Mellet, con ese poder de disposición que ejercía, aportaba a la sociedad los referidos justificantes”, censura la magistrada.

Alaya achaca al exsubdirector Ponce haber viajado a Vietnam en dos ocasiones por 7.977 euros, de los cuales quedaron supuestamente sin justificar 6.566 euros. Mientras, la empresa pagó 30.328 euros sin contrato ni facturas “con los adecuados requisitos formales”, “por puro ánimo de liberalidad”. Mercasevilla también contrató personal y proveedores “discrecionalmente, sin ningún proceso público” y concedió un premio extraordinario de jubilación de 256.624 euros a nueve trabajadores, pero no fue contabilizado como gasto. Además, la Fundación Mercasevilla pagó 6.000 euros al juez Baltasar Garzón por una conferencia, pero la institución evitó declarar ante Hacienda el IRPF por dicho abono de 2008.

La juez considera que Mercasevilla contabilizó como ingresos partidas “que no tendrían tal consideración” y “no fueron contabilizado como gasto otras que tendrían esta naturaleza”. De este modo, los exdirectivos dieron una imagen patrimonial ajena a la realidad, “lo que afectaría a la percepción que de la situación económica de la sociedad podrían haber tenido tanto socios como terceros interesados (trabajadores, clientes, entidades financieras, proveedores)”. Estos cambios contables provocaron que los beneficios declarados de 258.024 euros se pasaran tras las correcciones a unas pérdidas de 7,8 millones debido a los dos ERE que afrontó la empresa. Uno de estos expedientes provocó el inicio del caso de los ERE, ya que en su tramitación la investigación descubrió el primer intruso (persona ajena a la firma).

Por otra parte, Alaya admite en otro auto sobre la “magnitud” de escritos que resuelve, que “la carga de trabajo que soporta excede en muchos momentos de las capacidades personales”. “No es la situación ideal, sino la que deriva de una carga de trabajo que excede en muchos momentos de las capacidades de trabajo”, informó Efe. Sin embargo, la pasada primavera la instructora rechazó contar con dos jueces de refuerzo después del ofrecimiento por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para acabar con los retrasos de las causas que investiga.