La investigación pide un chequeo

Hasta hace bien poco, a Inbiomed le acompañaban los términos “centro de excelencia”, “de referencia”, “puntero”. Calificativos a los que ahora se han unido “crisis”, “despidos”, “desaparición”. El centro de investigación biomédica, en San Sebastián, es el último exponente de otras instituciones consagradas a la ciencia, la innovación y la investigación, como el CSIC o el CNIO, sobre las que se ha abierto un gran interrogante a causa de la escasez económica. Una realidad, cuya arista más dura hasta ahora Euskadi había sabido sortear, pero cuyos síntomas, a menor escala, también se reprodujeron en el Onkologikoa o en Tecnalia, el primer centro tecnológico español y el quinto de Europa, pero en el que los recortes no han pasado de largo.

El País Vasco, referente en políticas de I+D+i, “debe replantear la gestión de la innovación”, explica Juan Carlos Morla, experto en la materia. El sector depende fuertemente de las ayudas públicas, subvenciones, programas o proyectos que se reparten entre centros de investigación, tecnológicos, hospitales o universidades, sin contar la actividad empresarial. “La red de ciencia y tecnología es compleja porque la investigación, la actividad investigadora se desarrolla en centros que tienen dependencia orgánica de diferentes departamentos. Desarrollo Económico tiene una inversión importante en I+D+i, Educación, también, Salud, también...”, enumera la directora de Política Científica del Gobierno vasco, Miren Begoñe Urrutia.

El Ejecutivo autonómico destinó 280,9 millones de euros en 2012 a políticas de investigación científica técnica y aplicada. El gasto en I+D+i representa el 2,08% del PIB vasco. Y aunque los datos sitúan a la comunidad autónoma a niveles de la media europea la crisis y sus consecuencias suponen un gran obstáculo que sortear.

“El Departamento de Salud es la innovación y la investigación. En los últimos años se han creado en Euskadi varios institutos y organismos de investigación, con la intención de contribuir al desarrollo de la investigación biomédica. Entendemos que en la situación actual esta proliferación de estructuras y organismos puede acarrear duplicidades innecesarias, tanto en las líneas de investigación como en sus estructuras de gestión, gobierno y administración, máxime en un escenario de competencia por los mismos recursos económicos”, explicó el consejero de Salud, Jon Darpon, cuando el pasado mes de febrero detalló en el Parlamento las líneas que guiarían su Departamento a lo largo de la legislatura.

“Es necesario racionalizar las estructuras que se dedican a la gestión de la investigación biomédica. La ordenación de las diferentes estructuras la plantearemos aprovechando sinergias y buscando la eficiencia posible”, continuó el consejero, de cuyo departamento dependen Biodonostia, Biocruces y Kronigune, además de la Fundación para la Innovación y la investigación sanitaria, que gestiona la I+D+i de Osakidetza. El conjunto de estos centros cuenta con alrededor de 53 millones de euros para el desarrollo de este tipo de políticas, de los que Salud aporta el 79% aproximadamente, según datos facilitados por el Departamento.

Competitividad, Salud y Educación aportan el grueso de los fondos

Morla coincide en lo expuesto por Darpon, en la necesidad de repensar la estructura que sostiene a los diversos agentes inmersos en la investigación e innovación. Asesor de parques tecnológicos, el experto considera imprescindible medir el impacto de estas políticas, un termometro que debiera marcar a Euskadi el camino por el que desarrollar su estrategia de I+D+i. “Además de la cantidad, de la cifra que se destina al I+D+i, tenemos que saber medir lo que retorna a la sociedad”, aclara Morla, una línea en la que trabaja el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, que dirige Arantza Tapia.

La consejera detalló en una rueda de prensa el pasado mes de marzo las estrategias de especialización inteligente y el objetivo del Departamento de incrementar la transferencia de la innovación, el desarrollo y la investigación a la industria. Entonces, Tapia apuntó, entre otras cosas, la necesidad de evaluar el impacto de los usos de los fondos de investigación con un seguimiento tanto técnico como económico de mercado. De hecho, la propuesta de viabilidad que el Departamento de Tapia ofreció para Inbiomed contemplaba como requisito, entre otras cosas, “un análisis de la sostenibilidad financiera de los grupos de investigación con el compromiso de cierre de aquellos grupos que no resulten viables”.

Ese rendimiento, advierte Morla, no se puede resumir simplemente en una cifra en la cuenta de resultados. “Hay que marcar objetivos sociales, por ejemplo, que el desarrollo de una patente vaya ligada a la creación de puestos de trabajo, o sirva para la potenciación del entorno industrial”, ilustra el experto, que recuerda que Europa ha redactado una ley en la que se recoge “la consideración del entorno a la hora de gestionar la innovación. Que el rendimiento de lo invertido tenga un impacto en la sociedad”.

“Es conveniente de vez en cuando echar un vistazo a cómo se está organizando y si, efectivamente, es la red que queremos”, concede Urrutia, dependiente del Departamento de Educación, “si el mapa se ajusta a lo que se considera que tiene que ser, si está bien dimensionada, proporcionada”. Urrutia señala que en su área de trabajo “la crisis está incidiendo como lo hace en todos los ámbitos”. Algo que ha empujado al Departamento, del que depende Ikerbasque, la Fundación Vasca para la Ciencia, a “priorizar unas actuaciones respecto a otras, ha habido una cierta reducción de las cantidades destinadas a financiar algunos programas”, aunque, precisa la directora de Política Científica, “hemos apostado por seguir formando capital humano, no ha habido reducción en la concesión de becas”.

El sistema depende fuertemente de las ayudas de la administración

Precisamente, la UPV, la principal responsable de nutrir la red de investigadores en el País Vasco, y “primer agente investigador en Euskadi por su tamaño y su carácter generalista”, ha hecho un esfuerzo por mantener, a pesar de los recortes en su presupuesto, el gasto en investigación, explica el vicerrector del área, Fernando Plazaola. La universidad pública vasca destina 70 millones a partidas de investigación, alrededor de un 35% del presupuesto total —395 millones— de la UPV si se contabilizan todos los gastos ligados a la investigación.

“La investigación no está únicamente financiada por la Universidad”, precisa Plazoala, que ha visto como en los últimos años, fundamentalmente, la crisis ha hecho tambalear los programas nacionales y algunos del Gobierno vasco, mientras la solución inmediata es mirar a Europa.