¿Estamos aprendiendo algo?

Desde una perspectiva histórica, momentos como los actuales han estado siempre vinculados a procesos de cambio significativos tanto en la política como en las políticas. Un factor clave para extraer consecuencias positivas de periodos turbulentos ha sido la capacidad para generar diagnósticos sobre lo que acontecía y construir amplias mayorías sociales que sostuvieran las reformas o transformaciones imprescindibles. Del batacazo del 29 y de las dos grandes guerras, se salió con la idea (reflejada constitucionalmente en diversas Cartas Magnas) que sin intervención de los poderes públicos la libertad y la igualdad no serían efectivas. La clave del asunto es que ahora, implícita o explícitamente, se relacionan los problemas actuales con las políticas que se construyeron en su momento para proteger a los más desfavorecidos.

No hay día que desde Europa, desde el Gobierno de Rajoy o desde instancias vinculadas a los intereses de los grandes grupos económicos y financieros, no se nos recuerde que las reformas han de proseguir, que sigue habiendo un exceso de rigideces en el mercado laboral, un exceso de peso de las Administraciones y del gasto público, un exceso de burocracia y de corporativismo. Comparto que los servicios públicos están cargados de burocracia que no es necesaria. Admito que no está claro que para gestionar y trabajar en educación, sanidad o servicios sociales, deba uno ser funcionario. Acepto que las diferencias entre los trabajadores por edad y protección generan una dualidad que no es nada positiva. Y como profesor en la universidad pública, sé perfectamente que la antigüedad no puede ser el único mérito y que no todo lo que se hace en el sistema universitario es correcto.

Es evidente que en el sector público hay mucho campo para mejorar, sin necesidad de disponer de más recursos. Pero, algo hemos de decir también sobre el sistema fiscal y la creciente insolidaridad de los que más tienen. O la evidente complicidad entre decisores políticos y jerarcas financieros que canaliza enormes cantidades de recursos públicos para fines propios con la excusa de salvar a un mercado que no hay manera que se autorregule. La deriva económica de los últimos años se nos presenta como algo inevitable. Como algo natural a lo que no podemos enfrentarnos. En esa lógica no hay alternativa posible, sino simple adaptación. Y asimilando lo público con lo burocrático-estatal, lo que queda es puro individualismo competitivo y mercantil.

A pesar de todo, el discurso oficial sigue siendo el de la defensa del Estado de bienestar. Pero, en privado todos afirman que no hay manera de que volvamos a lo de antes. Y así seguimos. Imaginando que ya llegará el verano o la independencia y lo solucionará todo. No se afrontan los debates de fondo. Todo está situado en el corto plazo. ¿Es imaginable que recuperemos la capacidad de gasto público que teníamos hace unos años? Si no es así, ¿porqué no afrontamos de manera más estratégica las cosas? Por ejemplo: ¿hemos de seguir ahogando lentamente a las universidades públicas, o hemos de replantearnos de una vez si hacemos una única Universidad Pública de Cataluña decidiendo en qué sitios ha de haber qué titulaciones y cuáles centros de investigación?

¿Tiene sentido que obliguemos a irse a científicos jóvenes de gran futuro porque no somos capaces de reorganizar las cosas? ¿Hemos de aceptar que la única alternativa para obtener ingresos sea malvender el patrimonio público? En el fondo, los que hacen ver que deciden, lo que de verdad hacen es ir tirando. Con una mano afirman que todo tiene que seguir igual. Con la otra dicen que es imposible. Pero no añaden más manos. Porque eso sería reconocer que de hecho no saben qué hacer, y que su labor no tiene sentido. Pero solo con más manos podremos afrontar decisiones duras, inevitables. Decisiones que no pueden ser impuestas, sino negociadas.

La gente, los profesionales, los ciudadanos que usan y acuden a los servicios públicos, a las escuelas, a los hospitales, a las universidades, pueden y deben asumir más poder en la gestión de esos ámbitos. Protagonismo sobre ingresos y gastos. Sobre cómo reorganizar servicios. Exigiendo que todos arrimen el hombro y generando corresponsabilidad. Defendiendo así lo público como algo de todos, como algo común que hemos de gestionar y defender colectivamente.

Sin duda, uno de los mayores errores cometidos en la construcción de los servicios públicos fue imaginar que una vez decidida su creación y establecida la plantilla profesional que se ocuparía del servicio, lo único que tenía que hacerse era actuar como un cliente del sistema. Y así nos va. Todo se desmorona. Pero seguimos mirando hacia arriba a la espera de respuestas. La respuesta está en nosotros. En la capacidad política de gestionar colectivamente el patrimonio común.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política e investigador del IGOP de la UAB.