El juez del ‘caso Invercaria’ ordena investigar a ocho empresas de la Junta

El juez Juan Gutiérrez, que instruye el caso Invercaria (empresa pública de la Junta de Andalucía), amplía de manera sustancial el abanico para fiscalizar el gasto del Gobierno autónomo. El magistrado ha abierto nuevas causas en las que va a a investigar ochos empresas públicas de la Administración autonómica. Estas nuevas pesquisas se suman al caso ERE, que ya abarca a todas las consejerías. El objetivo es examinar la gestión de los fondos públicos en la Junta a través de las transferencias de financiación (mecanismo de pago utilizado habitualmente por numerosas Administraciones, y también para abonar los ERE).

Tras pedir la Fiscalía Anticorrupción la apertura de las investigaciones, al margen del caso ERE ya que no existe conexión con esta causa, el magistrado Gutiérrez así lo ha acordado. Compañías de tanta entidad como RTVA, Egmasa, Extenda, Epdasa, Giasa, Turasa, la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y la Empresa Pública de Gestión de programas culturales, serán examinadas con lupa. El resultado final de estas nuevas causas es impredecible, pero su dimensión, dado los 10 años del periodo que se investiga (2003-2012) y las sumas transferidas, es enorme. Si la juez Mercedes Alaya comenzó a fiscalizar el uso de las transferencias de financiación en la Consejería de Empleo a través de la agencia Idea para luego ampliar la causa a todas las consejerías que concedieron ayudas desde Idea, ahora Gutiérrez ha asumido una tarea que puede llevar años. Y esta labor se sumará a la investigación sobre Invercaria, que avanza a paso muy lento dada su complejidad.

La Intervención General remitió información en el caso Invercaria sobre los “defectos en la contabilización de las transferencias de financiación que afectan a resultados o en la clasificación de activo y pasivo”, según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción. El problema fundamental para el ministerio público es que se realizaron transferencias de financiación desde diferentes consejerías a estas empresas públicas que no contaron con una fiscalización previa, “pese a que era exigible”, según la fiscalía. Es decir, los interventores delegados deberían haber aprobado los gastos antes de producirse, y no revisarlos una vez ejecutados.

Los fiscales censuran el uso de las transferencias de financiación para el abono final desde estas nueve empresas y agencias públicas en subvenciones excepcionales y encargos de ejecución. Por ello, Anticorrupción considera que debe indagarse si se pudo haber cometido malversación o prevaricación en el uso de estos fondos públicos por parte de los responsables de estos gastos.

“Se han puesto de manifiesto irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por algunas consejerías para el envío de fondos a aquellas [las empresas públicas]”, censura el escrito de Anticorrupción. La Secretaria General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas presentó un escrito en el Juzgado 16 de Instrucción que dirige Gutiérrez, y la fiscalía propone que se le envíe a Alaya, por su interés para el caso ERE. Estas nueve causas abiertas no atañen a la agencia Idea, cuya gestión ya ha pedido Anticorrupción que sea estudiada en una causa al margen de los ERE, decisión que aún debe adoptar Alaya.