Currás amenaza al PSdeG con denunciarlo por criticar su imputación
El alcalde asegura que ha recibido con “total tranquilidad” sus nuevos cargos judiciales
Los problemas judiciales han vuelto a sacudir al gobierno de la capital de Galicia y la oposición denuncia, una vez más, que la situación política es insostenible. La nueva imputación del alcalde de Santiago, el popular Ángel Currás, por presunta prevaricación y acoso laboral a un policía local, la segunda acusación por corrupción que el popular carga a sus espaldas, llevó ayer al portavoz del PSdeG en la corporación, Francisco Reyes, a pedir al regidor que dimita no solo por haber sido imputado de nuevo sino también por “haber mentido”. El representante del BNG, Rubén Cela, reclamó, por su parte, la renuncia de todo el gobierno local del PP, dado que 10 de sus 13 miembros están implicados en causas judiciales y, en el caso de Currás, son dos.
El regidor aseguró ayer que ha recibido con “respeto” y “total tranquilidad” su nueva imputación, pero amenazó con demandar al PSdeG en los tribunales por acusarlo de mentir. “Si está asegurando que he mentido, igual tiene que explicarlo. A lo mejor, las afirmaciones de Paco Reyes son constitutivas de delito”, advierte. “Yo no miento nunca, y mucho menos en un juzgado”.
Sobre los motivos que han llevado a la juez del caso a acusarlo, Currás admite que “evidentemente” era conocedor del expediente que se abrió al policía local, dado que era su responsabilidad como alcalde “abrirlo”, informa Europa Press. Sin embargo, el popular niega que tuviese información de que existiese un plan para presionar al agente.
El alcalde compostelano reconoce que la insólita situación judicial de su gobierno está dando una imagen de la ciudad que “no es la que desearía”.
Currás ha sido implicado en la causa por acoso laboral a un policía, en la que también están imputados el exalcalde Gerardo Conde Roa, el antiguo asesor de este Ángel Espadas, el exconcejal Albino Vázquez Aldrey y la que fuera jefa de seguridad del Ayuntamiento Mar Hinojosa. Pinchazos telefónicos revelan los manejos de estos últimos para urdir una denuncia contra el policía que permitiese al gobierno local sancionarle.
