La Audiencia censura el papel de la Junta como acusación en los ERE

El complicado equilibrio de la Junta en el caso ERE se ha visto este jueves comprometido. El Gobierno andaluz está personado como acusación al ser perjudicado, al tiempo que mantiene un enfrentamiento latente aunque con picos muy sonoros, con la juez Mercedes Alaya. Y este jueves la Audiencia de Sevilla criticó el papel del Ejecutivo en la causa y le acusó de ejercer “labores propias de una defensa” al recurrir el auto de Alaya por el que imputó a 20 ex altos cargos y funcionarios del Ejecutivo el pasado julio.

Los jueces de la Audiencia tumbaron el recurso de la Junta contra Alaya y respaldaron a la instructora, aunque sin entrar en el fondo del asunto. El tribunal sencillamente se limitó a deslegitimar a la Junta como parte recurrente, un papel que corresponde a los altos cargos imputados, entre los que destaca la exministra socialista y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) Magdalena Álvarez. La Audiencia estima que la Junta “carece de legitimación” para recurrir el auto de la magistrada que abría la vía de investigación más política del caso sobre la financiación de los ERE.

Los magistrados condensan en cinco folios sus argumentos sobre por qué la Junta, acusación junto al PP en el caso, no debe actuar como una defensa. “Confusión de planos procesales (...) innecesariedad de la actuación de la Junta (...) viene materialmente a realizar labores propias de una defensa, de lo que es buena muestra el segundo motivo por el que defiende la legalidad del uso de las transferencias de financiación [mecanismo de pago de los ERE]”, subraya el auto de la Audiencia. La Audiencia censura que la Junta se arrogue la “especial posición de garante del proceso”, un papel que ostenta la fiscalía. Durante estos últimos meses la Junta ha corrido el riesgo de ser expulsada del procedimiento como acusación debido a este recurso, tal y como ha solicitado el PP, pero de momento Alaya no ha tomado esta drástica medida.

El tribunal critica que la Junta ejerza “labores propias de una defensa”

El difícil equilibrio de la Junta reside en su reclamación de los fondos públicos al mismo tiempo que defiende la labor de algunos de sus exdirigentes más destacados en las diferentes consejerías afectadas por el fraude. Mientras la juez extiende las irregularidades del procedimiento de los ERE a la Consejería de Hacienda, la Junta lo circunscribe a la Consejería de Empleo, de ahí su defensa de los altos cargos de Hacienda e Innovación que avalaron el procedimiento año tras año amparándose en la ley de Presupuestos, entre otros argumentos.

El recurso de la Junta que ahora ha sido rechazado constituyó en julio una durísima réplica procesal contra Alaya. El Gobierno andaluz acusó este verano a la magistrada de poner en peligro a la democracia: “El camino elegido es harto peligroso para el sistema democrático”, expuso la Junta sobre las imputaciones de Alaya, a la que achacó “subvertir el Estado democrático” al cuestionar las leyes presupuestarias aprobadas por el Parlamento andaluz, que incluyeron la partida de 721 millones con la que se financió el fondo de los ERE durante una década (2001-2010).

Sobre el fondo del asunto, la Audiencia ya se pronunció hace un mes tras el recurso de la exministra Álvarez y reprochó a la juez que no precisara la acusación contra la exconsejera, aunque evitó pronunciarse sobre si ve motivo para imputar a todos los responsables de la financiación del fondo. El tribunal pidió a Alaya que “concretara” y “precisara” los hechos delictivos que atribuía a Álvarez, lo que hizo la juez hace tres semanas al desarrollar su imputación por malversación y prevaricación. A continuación, Álvarez ha vuelto a recurrir ante la Audiencia tras las explicaciones de Alaya, y ahora los jueces de la Audiencia deben volver a pronunciarse sobre los argumentos acusatorios de la magistrada. Ese respaldo o rechazo de la Audiencia hacia Alaya es básico para vislumbrar el futuro de esta rama política que afecta asimismo a siete políticos aforados además de los 20 altos cargos. Entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.