La fiscalía pide informes al Consell y a la Politécnica sobre el ‘parany científico’
El ministerio público abre diligencias para determinar si hubo irregularidades en los permisos
La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto diligencias informativas para analizar si hubo irregularidades en la autorización por parte de la Consejería de Medio Ambiente de 33 paranys (método de caza de aves prohibido y catalogado como delito) como puntos de seguimiento para una investigación de migración de aves promovida por dos profesores del departamento de Ingeniería Rural de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).
La Fiscalía General del Estado ha reclamado documentación tanto a la Dirección General de Medio Natural, cuyo responsable firmó la resolución, como a la propia universidad que inició una investigación que no ha contado con ningún aval de la comunidad científica ni de grupos ecologistas. “Estamos a la espera de la recepción de toda la documentación que se ha pedido para su análisis”, han indicado este miércoles desde el ministerio público.
El Consell suspendió la pasada semana la resolución que permitía el polémico parany científico y que había sido recurrido por varias asociaciones ecologistas. En el escrito, la consejería insistió en la “correcta” actuación pero aseguró que se optó por la suspensión de los permisos ante el fuerte rechazo “del conjunto de los investigadores que cuentan con dilatada experiencia en el campo de la ornitología” y porque los dos profesores de la UPV no han podido encontrar ningún organismo, institución o expertos que avalara su pretendida investigación sobre migración de aves.
Al día siguiente, los paranyers afectados desvelaron en una reunión que la decisión se tomó por supuestas presiones del Ministerio de Medio Ambiente y por la actuación de la Fiscalía, que ahora ha confirmado la existencia de una investigación.
La actuación contrasta con la realizada por la Fiscalía de Castellón que reconoció en su día que no había recibido ninguna denuncia sobre el parany científico y que, en caso de recibirla, solo se actuaría si los cazadores no se ajustaran “estrictamente” a la autorización otorgada por la Consejería.
La Universidad Politécnica de Valencia ha asegurado este miércoles, en contra de lo confirmado por el ministerio público, que no se ha recibido ningún requerimiento de la Fiscalía General del Estado por esta investigación.
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