El Consejo de Garantías niega la urgencia de la reforma del sector público

El Consejo de Garantías Estatutarias cuestionó ayer la vía escogida por el Gobierno catalán para aprobar sus dos últimas reformas, la del sector público y la del Instituto Catalán de Finanzas. La Generalitat lo hizo por decreto ley, un proceso para casos urgentes que ahorra trámites parlamentarios. El Consejo, que revisa si las leyes que aprueba el Parlament se adaptan al Estatuto, niega que hubiera “urgencia” en ambos casos. El dictamen no es vinculante.

El PSC impugnó el decreto ley de función pública, y en su conclusión el Consejo considera que no hay urgencia para reducir las empresas públicas porque la situación financiera de la Generalitat no es “sobrevenida”, sino que tienen origen en la anterior legislatura y ya había sido “apreciada y manifestada” en anteriores leyes con la misma finalidad. La conclusión es que la urgencia del decreto no está “ni explicitada ni razonada”, porque no existe “necesidad extraordinaria y urgente” para tirarla adelante, como pide el Estatut para los decretos leyes.

Similares motivos argumenta el Consejo de Garantías para cuestionar la urgencia del decreto ley que convierte el ICF en un banco público, una norma impugnada por el PP. “Las justificaciones son excesivamente vagas como para precisar las razones que apoyan la necesidad extraordinaria urgente”, reza el dictamen. El Consejo, sin embargo, solo entra en la forma de ambas leyes, y no cuestiona el fondo.