Punto final a la huelga de limpieza

La capital de España vuelve a tener un servicio completo de limpieza viaria y jardinería. Centenares de trabajadores aprobaron ayer en cuatro asambleas convocadas en plena calle y bajo la lluvia el final de la huelga que ha llenado de basura la ciudad durante 13 días. Barrenderos y jardineros dieron el visto bueno al acuerdo alcanzado tras más de 15 horas de intensas negociaciones, que concluyeron sin un solo despido pero con otras medidas como un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de 45 días anuales por trabajador, sumado a un convenio que congela sus sueldos durante los próximos cuatro años, hasta 2017.

Los empleados del turno de noche volvieron a sus puestos, después de la desconvocatoria oficial y de que la alcaldesa, Ana Botella, suspendiera las “medidas extraordinarias” que decretó. Esto es, la encomienda a la empresa estatal Tragsa para que una cuadrilla de 200 empleados —de los que 110 fueron contratados a toda prisa en una empresa de empleo temporal— garantizaran los servicios mínimos. Tragsa comenzó a despejar las calles del centro de Madrid la madrugada del sábado. Han recogido 610 toneladas de residuos en dos días, según las estimaciones municipales.

La alcaldesa convocó ayer una rueda de prensa extraordinaria en la que destacó que no habrá ningún despido —la previsión inicial eran 1.134 en una plantilla de más de 6.000— gracias “a la flexibilidad de la reforma laboral” aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, y no a la presión de los sindicatos y los trabajadores durante las dos semanas de conflicto. “Se han podido reducir los costes laborales con ese ERTE”, dijo Botella, que recordó que el 75% del sueldo durante esos días sale de las arcas del INEM. La alcaldesa auguró que, “cuando mejore” la situación económica, los barrenderos “podrán volver a trabajar todo el año” como hasta ahora.

“Quisieron llevar al límite a Madrid y no lo han conseguido”, señaló Botella, que pidió “una ley de huelga” que evite el “incumplimiento sistemático” de los servicios mínimos que afectan a “servicios públicos esenciales”. El derecho a huelga está regulado por un decreto ley de 1997.

Las imágenes de contenedores quemados y calles atestadas de basura saltaron a la prensa internacional y provocó la alarma de comerciantes y empresarios turísticos, que auguraron las peores consecuencias en un sector en caída libre durante el último año. Botella negó ayer esa repercusión y recordó que la turística ciudad de Nueva York “tuvo hace dos años una huelga de recogida de basuras que duró aproximadamente 30 días” que no se debía a la “incapacidad para gestionar, sino por un conflicto laboral entre las empresas concesionarias y los sindicatos”. Frente a las reiteradas críticas de la oposición, Botella considera que no ha habido “pasividad en ningún caso por parte del Ayuntamiento”.

También se esforzó en rechazar la “relación causa efecto” entre el nuevo contrato y los despidos que habían previsto las contratas. El Ayuntamiento recortó un 26% del dinero destinado a limpieza y jardines (hasta 1.943 millones) cuando adjudicó el servicio en agosto. Según Botella, al reducir los 39 contratos previos a solo uno “la sinergia reduce costes”. “Como alcaldesa mi trabajo es encontrar los mejores servicios para los madrileños al mejor precio”, añadió.

Los sindicatos, que consideran “un éxito” la protesta de los barrenderos tras eliminar todos los despidos, lanzaron ayer un aviso a navegantes para la alcaldesa: “Somos solidarios, no se nos va a olvidar el apoyo de otros colectivos, lo vamos a devolver. Que no lo duden los compañeros de la EMT [Empresa Municipal de Transportes]. Si mañana entran en conflicto, ahí nos tendrán”, dijo Juan Carlos del Río (UGT) en la atestada asamblea convocada en el Templo de Debod. La empresa pública de los autobuses urbanos está en mitad de la negociación de su nuevo convenio, en el que ha planteado rebajas salariales y despidos. “Lo hemos ganado en la calle y en la calle lo vamos a defender”, añadió Félix Carrión (CC OO), desde la reunión organizada en uno de los cantones (centros de trabajo) de Carabanchel.

La madrugada del domingo, tres de las cuatro concesionarias (OHL, FCC y Sacyr) retiraron los despidos en la negociación. La cuarta, Ferrovial, no había incluido recortes de plantilla pero sus trabajadores estaban igualmente llamados a la huelga por el convenio del sector de limpieza viaria, que también ha sido aprobado y tiene cuatro años de vigencia.

Las centrales (UGT, CC OO, CGT, USO y CSIF) habían condicionado el acuerdo a que no hubiera “ni despidos ni bajadas de sueldo”. Se alcanzó in extremis, horas después de que expirara el plazo de un mes de negociación que se abrió con la presentación del expediente de regulación de empleo.

Durante la huelga, han sido detenidas 19 personas por destrozos de material (contenedores, cubos, vehículos…). Esos destrozos han dejado una factura de más de un millón de euros, según la estimación todavía incompleta realizada por el Ayuntamiento y las concesionarias. El Consistorio añadió ayer que han sido necesarias 8.716 horas extraordinarias de la Policía Municipal para vigilar los servicios mínimos cuyo coste aún no ha cuantificado, como tampoco incluye el dinero que ha costado la cuadrilla de operarios de la empresa estatal Tragsa. La alcaldesa señaló ayer que el Ayuntamiento repercutirá todos esos costes a las adjudicatarias.

El acuerdo incluye bajas incentivadas de 30 días de salario por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, en las que las empresas tendrán capacidad de veto. También excedencias voluntarias incentivadas de 10 años de duración, con una indemnización única de 75% del salario anual bruto o de cinco años por el 50% del salario bruto anual, que también pueden ser rechazadas por las empresas. Los trabajadores (con sueldos que oscilan entre 500 euros mensuales por el turno de fin de semana y 1.300 euros) tendrán que dividir sus vacaciones en un periodo de 21 días en verano y otros 10 el resto del año. No se cubrirán vacantes durante el periodo de vigencia del ERTE ni se podrán plantear nuevos despidos. Son medidas que, en resumen, rebajan las condiciones actuales de los trabajadores, pero mucho menos que la hoja de ruta inicial. Del Río (UGT) lo resumía así: “No nos han excluido socialmente como querían”.