El desvío del Guadalete acaba en juicio

La Justicia sentará en el banquillo a los siete imputados por la Operación Pinsapar, uno de los mayores casos de corrupción urbanística en la sierra de Cádiz. Ocho años después de que vecinos de Grazalema y Ecologistas en Acción denunciaran el desvío del río Guadalete para la construcción de viviendas, el entonces alcalde, el socialista Antonio Mateos, el perito del Ayuntamiento, dos constructores, dos promotores y un arquitecto tendrán que responder en los tribunales por la ejecución de proyectos ilegales bajo el pago y cobro de comisiones.

La juez de primera instancia e instrucción de Ubrique, Raquel López Vizcaíno, afirma en un auto que, “sin licencia”, se modificó el cauce natural del Guadalete para ganar terreno y construir un bloque de viviendas que, además, contaba con más edificabilidad de la prevista en el permiso de construcción municipal. El inmueble empezó a levantarse en agosto de 2005. El colectivo ecologista denunció el caso y la sucesora de Mateos en la alcaldía, María José Lara, también socialista y sobrina de su predecesor, paralizó la obra por orden de la Junta.

Los ecologistas piden a la Junta que devuelva el Guadalete a su cauce original

En mayo de 2006 la alcaldesa reveló el contenido de una reunión con tres profesionales de la construcción. En ese encuentro, habían reconocido que el arquitecto técnico del Ayuntamiento de Grazalema, Juan Prieto, les había cobrado comisiones para conseguir licencias de obras. La regidora llevó el asunto a la fiscalía y la Guardia Civil inició la denominada Operación Pinsapar que se saldó con el ingreso en prisión de Prieto y la detención de cuatro constructores y promotores. Todos están en libertad a la espera del juicio.

La magistrada exculpa a la alcaldesa y mantiene la imputación al resto. El auto judicial acusa a Prieto de la presunta comisión de los delitos de cohecho, prevaricación, contra la ordenación del territorio y negociación prohibida a los funcionarios por “cobrar a constructoras comisiones” de hasta 36.000 euros por concesiones y adjudicaciones de obras y por “eludir o relajar las normas de planeamiento”. Tras Prieto, la juez acusa por cohecho y un delito contra la ordenación del territorio al arquitecto Antonio del Canto Bohórquez, a los promotores Rafael Torres y Raúl Gascón, así como a los constructores Cristóbal Barrera y Daniel Salguero por pagar cantidades de dinero a cambio de obtener licencias. La resolución también apunta que los constructores deberán responder por “la realización de obras en la casa del perito municipal” en respuesta a las adjudicaciones.

El juzgado procesa también al exalcalde socialista por prevaricación. La sala entiende que hay “indicios racionales de que conocía las irregularidades sin hacer nada para impedirlas”.

El portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, muestra su satisfacción por el auto pese a que “la lentitud de la Justicia” provoca “sensación de impunidad”. “Algunos imputados ya han dejado la actividad política. Les va a importar poco que los inhabiliten”, apostilla. Clavero insta a la Junta a ordenar “el derribo del bloque de viviendas a medio construir” y a “devolver el río Guadalete a su estado original”. “El mensaje debe ser que la corrupción no sale gratis”, protesta Clavero.