La administración vasca estrenará el teletrabajo con 83 empleados públicos

Arranca por fin el teletrabajo en la administración autonómica. El Gobierno vasco pondrá en marcha dentro de nueve días la nueva modalidad de empleo a distancia con 83 trabajadores de los distintos departamentos y organismos autónomos del Ejecutivo, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

El grupo de trabajadores es el 63% de quienes han solicitado sumarse a la iniciativa, ya que otras 49 peticiones han sido denegadas por razones que van desde el incumplimiento de requisitos hasta el hecho de que las características del puesto de trabajo no permiten realizarlo a distancia. Y es que no todos los trabajadores de la administración tienen la posibilidad de realizar parte de su trabajo desde casa. El teletrabajo está limitado a quienes no tienen tareas de cara al público y hayan estado en su puesto al menos un año en los últimos dos, entre otras cuestiones.

La modalidad de teletrabajo se puede desarrollar durante un año seguido

Las condiciones del trabajo a distancia son negociadas por el propio empleado público con el departamento correspondiente —la normativa plantea que se teletrabaje tres días a la semana y se acuda al puesto dos—. El decreto que permitirá esta nueva modalidad de trabajo fue aprobado en 2012 por el anterior Gobierno, pero las elecciones autonómicas y el cambio del Gobierno han estirado los plazos y el primer grupo de teletrabajadores comenzará la experiencia un año después de lo esperado, el 25 de noviembre.

Antes, en 2011, se realizó una prueba con 29 empleados públicos. La primera hornada de teletrabajadores, que ya ha recibido formación, será más reducida que lo que preveía el PSE, que cuantificó en un primer grupo de 330 personas. La condición de teletrabajador será temporal, tal y como indica el decreto, para evitar el “desarraigo” de su puesto. Cada periodo será de un año y la administración exigirá seis meses de trabajo presencial antes de solicitar una nueva ronda de teletrabajo —solo para casos urgentes se permite la posibilidad de incumplir ese semestre—.

El plazo empezará a contar para el primer grupo el 25 de noviembre. Entre ellos está A. R., una técnico del área jurídica del Departamento de Salud, que explica al otro lado del teléfono que sale de casa a las seis y media de la mañana para acudir desde su vivienda en Bizkaia a su puesto de trabajo en la sede del Gobierno en Vitoria. “Invierto tres horas al día en los traslados, ahora dedicaré ese tiempo a conciliar”, señala. Este será un “cambio sustancial” tanto para ella como para su familia, especialmente, indica, para su hija, de cuatro años.

La experiencia piloto realizada en 211 arrojó resultados positivos

El trabajo no se medirá por horas, sino por los objetivos marcados. “Voy a tener que hacer el mismo trabajo”, explica A. R., que especifica que, en su caso, los horarios en los que realizará sus tareas seguirán siendo los mismos que en Lakua. Para todo ello, el Gobierno ha instalado en todas sus viviendas un ordenador y un teléfono, con un coste estimado de 679 euros anuales. La conexión a Internet corre a cargo de los trabajadores.

Las condiciones del teletrabajo dependen de las necesidades de cada consejería y ella tendrá el que aconseja el decreto en vigor, que establece tres días de trabajo a distancia a la semana y otros dos presenciales. Entre los participantes la mayoría, el 63%, son mujeres. La inmensa mayoría, el 87% de quienes se acogerán a esta modalidad son técnicos superiores (licenciados) y el 73% tienen entre 31 y 50 años.

De entrada, A. R. valora la oportunidad porque “todos los pasos para facilitar la conciliación son positivos, en mi familia se va a notar”. La experiencia piloto de 2011 arrojó resultados positivos: casi ocho de cada diez aseguraron que su estado de ánimo mejoró y cerca de seis de cada diez percibieron mejoras en su salud. El 70% mejoró su productividad, el 84% consideró que se organizaba mejor y cerca del 85% reconoció que en alguna ocasión se forzó a trabajar más que en su puesto. La prueba fue positiva, ya que ocho de cada diez hubiese seguido trabajando en esa situación.