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La oposición critica a Xavier Trias por desentenderse del ‘caso Raval’

La jueza mantiene que la implicación de los ocho ‘mossos’ imputados en la muerte de Juan Andrés Benítez es “clara"

La oposición critica a Xavier Trias por desentenderse del ‘caso Raval’

La oposición en el Ayuntamiento aprovechó la Comisión de Seguridad de ayer para afearle al alcalde Xavier Trias (CiU) su respuesta a la muerte de Juan Andrés Benítez después de una operación policial en el Raval. Los socialistas, PP e Iniciativa criticaron el “silencio” e “inacción” de Trias, mientras que el primer teniente de alcalde y encargado de seguridad, Joaquim Forn, defendió que se actuó desde “la prudencia”, a la espera de que finalice la investigación judicial.

“La falta de transparencia acaba generando juicios paralelos”, aseguró la concejal Assumpta Escarp (PSC), que criticó que el alcalde hablara del caso, a preguntas de los periodistas, 20 días después de los hechos. “No es que seamos críticos con el gobierno, es que lo es la ciudad entera”, agregó la edil, que hizo una defensa de la labor de la policía. “La pérdida de credibilidad de los Mossos es un problema grave y no se arregla con publirreportajes”, añadió.

Forn defendió que desde que se conoció el incidente, tanto él como el alcalde llamaron a Manel Prat, el director general de los Mossos y al consejero de Interior, Ramon Espadaler. “No podemos entrar cuestiones que se saben a medias”, alegó el teniente de alcalde, que aprovechó para sacar pecho de los buenos resultados en seguridad en Ciutat Vella desde que CiU alcanzó la alcaldía, que él atribuye a la “excelente coordinación” con la Guardia Urbana. Los hechos delictivos se han reducido en un 25% desde 2009, explicó.

“La falta de transparencia genera juicios paralelos”, dice Escarp

El PP fue especialmente duro. El concejal Alberto Vilagrasa puso en duda Interior haya dado al Ayuntamiento “toda la información que tenía y cuando se debía". “Trias es el gran ausente de este caso, su silencio fue muy largo y ha creado inseguridad entre la policía”, explicó. “No pedimos que Trias emita una sentencia. Solo que explique sus opiniones”, dijo Joaquim Mestre (ICV-EUiA), que una vez más pidió convocar de manera extraordinaria al Consejo de Seguridad Urbana, que preside Trias y donde asisten representantes de los mossos, la Guardia Urbana y vecinos. La reunión ordinaria es en diciembre. CiU se había negado a realizar la sesión por respeto a investigación. Mestre sostuvo que Trias lo hace deliberadamente “para no dar la cara”. Desde Unitat per Barcelona, Joan Laporta pidió “dejar clara la presunción de inocencia” de los mossos.

En medio de la polémica, ayer se hizo público el auto en el que la titular del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, Eva Moltó, establece la medida cautelar para los ocho mossos imputados por la muerte de Benítez de personarse cada 15 días en los juzgados. En su razonamiento, la juez repite que hasta ahora la implicación de los agentes en la muerte del empresario es “clara y meridiana”, según el escrito.

Para la instructora, el papel de los agentes en los delitos que se les imputa —contra la vida y/o integridad física, integridad moral, obstrucción a la justicia y coacciones— es claro, “ya como autores directos de las agresiones, o bien como cooperantes necesarios que coadyuvaron con su mera presencia o sujetando a la víctima a la acción perpetrada por los autores directos”.

Forn defiende que el Ayuntamiento ha actuado desde “la prudencia”

La fiscalía y las acusaciones popular y particular pedían que los agentes acudiesen semanalmente a la sede judicial. Aunque la instructora entiende que no hay riesgo de fuga, fundamenta su decisión en “asegurar que los imputados estén en todo momento a disposición del juzgado, así como para garantizar su presencia en el procedimiento”.

El razonamiento de la juez topa con las palabras de Espadaler, el pasado jueves en el Parlament. Espadaler se mostró confiado, y dijo que veía “improbable” que la instructora mantuviera las ocho imputaciones a los agentes. Y abrió incluso la puerta a anular las medidas cautelares que ha tomado el Departamento de Interior, suspendiendo a los mossos de empleo y sueldo, en función de cómo evolucione el caso. Por ahora, el devenir de la instrucción no parece que discurra por los derroteros que aventuró Espadaler.

 

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