El juez rechaza citar a cargos de Adif como testigos por si los imputa

El juez instructor del accidente del tren Alvia en Santiago el pasado 24 de julio, Luis Aláez, se niega a descartar tan pronto la posible responsabilidad en el siniestro de técnicos y directivos de Adif, la empresa pública gestora de la red ferroviaria, pese a que la Audiencia Provincial de A Coruña le dice que aún no tiene pruebas para imputarlos. En un nuevo auto Aláez rechaza llamar a dos de ellos como testigos para poder imputarlos de nuevo más adelante. También censura a Adif y Renfe que en sus investigaciones del siniestro solo contemplen como causa el despiste del maquinista, Francisco José Garzón, y no analicen la posible insuficiencia de señalización de la curva de Angrois.

La semana pasada la Audiencia levantó los cargos a 27 técnicos y directivos de Adif a los que Aláez había imputado por considerar que debían haber señalizado mejor la curva de Angrois para evitar un exceso de velocidad por despiste como este, que provocó 79 muertes. Garzón, a través de su abogado, pidió que dos de esos cargos de Adif (el actual presidente, Gonzalo Ferre, y el director de Seguridad en la Circulación cuando se diseñó e inauguró la línea, Andrés Cortabitarte) declaren igualmente como testigos. Pero el juez Aláez lo rechaza argumentando que su comparecencia como testigos “puede resultar prematura” e impedir que luego “puedan ser imputados”. El juez explica que “no es que no tengan interés para la causa sus declaraciones sino que se posponen para el momento en que se disponga de elementos suficientes” para citarlos de otra forma.

El auto dictado por el juez Aláez también censura por incompletas las investigaciones internas realizadas por Adif y Renfe sobre el accidente y que en los últimos días fueron enviadas a su juzgado. Ambas empresas coinciden en atribuir al despiste del maquinista la causa del siniestro. Pero para Aláez “llama la atención que esas investigaciones se hayan quedado en la causa más obvia del accidente, sin entrar a examinar la existencia de otra posible causa ajena o extraña al maquinista” como “la insuficiencia de la advertencia del peligro”. El juez se ampara en que la propia Audiencia, en los argumentos con los que tumbó sus imputaciones previas, reclamaba “un enfoque netamente técnico” para analizar esa posible falta de señales, con independencia de su repercusión penal. Lo que reprocha Aláez a Fomento es “que ni siquiera se considere la posibilidad de las carencias apuntadas” en la señalización, como “se reivindica desde instancias judiciales” superiores a él.

Para profundizar en ello, el juez pide a Adif los estudios que manejó en 1997 para dictar una norma que obliga desde entonces a reforzar la señalización allí donde los trenes deban frenar significativamente por obras en las vías. Considera que los motivos que llevaron entonces a imponer esa mejora de señalización por cuestiones temporales pueden ser similares a los que llevaron a hacer lo mismo tras el accidente en 80 reducciones significativas de velocidad de carácter permanente y no temporal, como Angrois. Si ambas decisiones se deben al mismo motivo, en Angrois se podría haber tomado antes. Por último, el juez pide al abogado del maquinista que certifique los conocimientos técnicos del especialista que ha propuesto como perito propio en materia de conducción ferroviaria.