Feijóo: “Alguien debe pagar por el daño que causó esa chatarra flotante"

La sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña ha puesto a todos de acuerdo. Desde AGE al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pasando por el PSdeG, el Bloque o Nunca Mais que ha convocado concentraciones de repulsa para hoy en todas las ciudades de Galicia. El clamor contra del fallo es tal que hasta la asociación Jueces para la Democracia, a la que está afiliado el magistrado Juan Luís Pía, el presidente del tribunal, ha tenido que sacar un comunicado recordando que el fallo no se ocupa de enjuiciar las responsabilidades políticas sino el delito penal.

 El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dijo compartir “la decepción de la sociedad gallega” por la sentencia del Prestige que no responsabiliza (salvo una condena mínima de nueve meses para el capitán Apostolos Mangouras) a nadie por la mayor catástrofe ambiental que se recuerda en España. “Debe haber alguien que pague que una chatarra flotante produjese ese impacto ambiental y un gran coste económico para las arcas públicas”. Y confió en el plazo de cinco días que la fiscalía y la abogacía general del Estado tienen para anunciar si recurren el fallo en casación ante el Tribunal Supremo. Los letrados de la Xunta también están estudiando si lo hacen. Y en todo caso, advirtió el presidente, queda la vía civil para que "alguien pague esto". "Una vez que tenemos constancia de que no hay responsabilidad penal salvo para el capitán del barco. La clasificadora, aseguradora y el armador, qué responsabilidades económicas tienen", se preguntó ante los periodistas.

La sentencia que absuelve al único imputado de la administración pública, el entonces director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, también llevó a Feijóo a lamentar "el linchamiento político que la oposición quiso hacer" con este cargo del Gobierno de Aznar que gestiono el accidente. El presidente aseguró que "el linchamiento a López Sors" fue "injusto". Preguntado sobre si interpreta que la inocencia dictada por los tribunales respalda la acción política de fuel y chapapote, aseguró que la justicia respalda “la decisión de alejar el barco”. No obstante, aseguró que el plano político es distinto y que desde 2002 se celebraron elecciones municipales, autonómicas y generales y que al igual que asume las sentencias también se “somete a la voluntad de las urnas”. Rechazó calificar la gestión de los Gobiernos de Fraga y de Aznar entonces (de los que él no formaba parte) porque según aseguró "esa evaluación ya la hicieron los ciudadanos". Ambos Ejecutivos perdieron el poder en las elecciones posteriores a la catástrofe.

AGE exigió a la Xunta que recurra un “lamentable” fallo. El BNG calificó la sentencia de “bananera”. Y el PSOE, en boca de su nuevo líder, la definió como “socialmente injusta” y lamentó que los responsables políticos no hayan pedido perdón once años después.