Nadie se hace cargo de la factura de 4.300 millones por la catástrofe

La marea negra del Prestige, que contaminó 1.600 kilómetros de costa y puso en jaque al Gobierno de José María Aznar y a la Xunta de Manuel Fraga, dejó encima de la mesa una factura de 4.328 millones de euros. Desde que ayer el presidente del tribunal que ha juzgado el caso proclamó la absolución de los tres acusados, esta monumental deuda, que incluye las pérdidas y gastos ocasionados por el vertido a Administraciones, empresas y particulares, no tiene quién la pague. Como solo se ha acreditado un delito de desobediencia por parte del capitán, Apostolos Mangouras, y este desacato a las autoridades españolas no causó los daños, esgrime la sentencia, las responsabilidades civiles por lo ocurrido hace 11 años se esfuman.

Los letrados de las partes consultados, incluidos los abogados del Estado, asumen, pues, que a la larga guerra judicial para saldar las cuentas de aquella catástrofe aún le quedan batallas. Ninguna descarta que, tras el portazo recibido a las reclamaciones económicas en la vía penal, se produzca un aluvión de demandas civiles para exigir indemnizaciones por unos daños y perjuicios acreditados en el juicio y que el propio fallo considera “ingentes”. “¿Pero a quién diriges tu reclamación civil? Como no hay responsables de esos daños, no se le puede reclamar a nadie”, advierte un jurista muy cercano al caso.

La sentencia recuerda que, pese a haberse demostrado que el estado de mantenimiento del petrolero era deficiente, no se le pueden exigir responsabilidades penales ni a Universe Maritime, la armadora, ni a American Bureau of Shipping (ABS), la multinacional privada encargada de inspeccionar el buque, porque cuando sucedió el naufragio la legislación española no permitía esta reclamación a personas jurídicas. El tribunal añade, sin embargo, que sí se les podría demandar a estas empresas “la oportuna responsabilidad civil”. En lo que atañe a ABS, el riesgo, explican las fuentes consultadas, es que, debido al fracasado pleito que presentó contra ella el Gobierno español en Estados Unidos, el caso podría ser desestimado por tratarse de una “cosa juzgada”.

Los 4.328 millones de factura que presentó la fiscalía se calcularon con un pionero y exhaustivo peritaje realizado por la profesora de la Universidad de Santiago María Loureiro. El estudio cifra no solo las pérdidas en sectores como el turismo (500 millones) o la pesca (405 millones, 200 de ellos como daños de imagen) sino que lleva a traducir en dinero las afecciones a la salud de los voluntarios que limpiaron las playas (5,5 millones). Sin embargo, tras la sentencia, las únicas indemnizaciones garantizadas son los 171 millones que debe abonar el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac), de los que ya han sido pagados 120. El Fidac estaba pendiente del fallo para distribuir el resto de los fondos por si el Estado español era condenado, algo que no ha ocurrido.

No solo las reclamaciones económicas han recibido un varapalo. La sentencia establece que la gestión política que desató un movimiento de indignación ciudadana sin precedentes en Galicia no fue delito. Pedro Trepat, letrado de Nunca Máis, la multitudinaria plataforma nacida del malestar social, se confesó decepcionado por un fallo “aparentemente incoherente” que “no hace justicia reparadora”. Al abogado de la organización que ha capitaneado la acusación contra el único responsable gubernamental que se ha sentado en el banquillo, el ex alto cargo del Ejecutivo de Aznar José Luis López-Sors, no le cabe en la cabeza que los magistrados consideren correcto el asesoramiento técnico al que recurrió el mando del Ministerio de Fomento para optar por remolcar el petrolero sangrante mar adentro. “Tomó la decisión telefónicamente apenas una hora después del mayday. Esto es una carta blanca para gestionar una nueva crisis” de la misma forma, lamentó Trepat, quien, al igual que la fiscalía, esperará a leer con calma el fallo, de más de 260 folios, para decidir si presenta recurso de casación en el Tribunal Supremo.