La coz y el martillo

Buena parte de la ciudadanía cree que los partidos y los sindicatos están cada día más alejados de la calle. Una opinión que crece como la espuma, espoleada por una derecha decidida a desprestigiar la Política (con mayúscula) y acabar con el sindicalismo de clase a cualquier precio y con cualquier arma. Incluido el martillo.

Lo ha señalado gráficamente el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas: “Si el PP pudiera cargarse a martillazos a CC OO y UGT, lo haría”.

No es una exageración. Revisen la prensa. Dos destacados barones del PP, los presidentes Fabra y González (Valencia y Madrid), culpan a los sindicatos de la ruinosa situación de sus televisiones autonómicas. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, responsabiliza a los sindicatos por la huelga de la basura: los trabajadores no aceptan el despido de una cuarta parte de la plantilla y una reducción salarial de hasta un 43%.

Son coces contra el sentido común. Los dirigentes del PP cargan sobre los sindicatos, pero eluden su propia responsabilidad y la de los empresarios que se quedan con los servicios públicos que privatizan.

Unos empresarios bajo sospecha. Desde el encarcelado expresidente de la CEOE, Díaz Ferrán, al vicepresidente de la patronal, Arturo Fernández, que pagaba a sus empleados en dinero negro y ha tenido que ajustar cuentas con Hacienda, a toda prisa, para evitar males mayores.

¿Más ejemplos? Un periódico digital, Infolibre, ha hecho el recuento del expolio producido a las cajas de ahorro. Por el momento, hay 195 banqueros y empresarios imputados. El Estado ha tenido que inyectar en cuatro años 61.366 millones para evitar el derrumbe del sistema financiero español.

No se observa, ni por asomo, una crítica generalizada, ni del PP ni de sus plumillas, contra los políticos ególatras (Zaplana, Camps, Aguirre, González), que utilizaron la televisión pública como si fuera su particular botafumeiro, o contra los empresarios y banqueros que vaciaron las arcas de las entidades que regentaban.

El punto de mira está en otro lugar. Exactamente, en socavar lo público (la sanidad, la educación) para potenciar lo privado y en reducir derechos. Empezando por los derechos laborales. La reforma laboral de Rajoy ha dejado a los trabajadores desarmados ante los patronos. La figura de la negociación colectiva, surgida hace siglo y medio en Gran Bretaña (el collective bargaining, de 1868), ha quedado desmantelada en España. ¡Hasta el franquismo creó en 1958 una ley de convenios colectivos!

El único momento en el que el trabajador podía hablar de tú a tú con el empresario ha saltado por los aires. El momento en el que se podían pactar horarios y salarios dignos. La coz dada por Rajoy a los sindicatos dejará una profunda huella en el futuro de las relaciones laborales.

En medio de esta campaña contra el sindicalismo de clase, la juez Mercedes Alaya ha imputado a varios dirigentes de UGT y de CC OO de Andalucía. Les acusa de financiar ilegalmente sus organizaciones, a través de comisiones de los ERE. También, en el caso de UGT, de manipular facturas.

El sindicato socialista ha reconocido la existencia de irregularidades. Pero su reacción ha sido tardía y torpe. No vale la excusa de que han sido trabajadores despedidos por la propia UGT quienes han robado y filtrado a la prensa las facturas adulteradas. Lo que importa es si son o no ciertas y qué nivel alcanza el (presunto) fraude.

Muchos estamos en contra de la ofensiva generalizada contra los sindicatos. Pero también estamos a favor de que, en los casos concretos de mal uso del dinero público, se asuman las responsabilidades precisas, políticas y judiciales. El mejor servicio que se puede hacer al sindicalismo es limpiar la basura propia, no esconderla debajo de la alfombra.

@JRomanOrozco