El Tribunal de Cuentas investiga la relación del IGME con el proyecto Castor

El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias tras una denuncia que relaciona una serie de irregularidades contables detectadas en el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) con las condiciones de adjudicación del almacén de gas Castor, en cuyo entorno se produjeron una cadena de seísmos en octubre, el máximo de magnitud 4,2, que alarmó en octubre a las poblaciones de Castellón y Tarragona. La instalación permanece cerrada hasta que se conozcan

La documentación principal que se analiza forma parte del informe de fiscalización de 2008 del IGME, que el Tribunal de Cuentas publicó el pasado verano. El denunciante, la empresa de ingeniería CITA, representada por Miguel Ángel Gallardo Ortiz, pide que se actúe de oficio por si esos cobros y pagos irregulares de los que se habla en el escrito de fiscalización “pueden ser la explicación más racional de la ruina y el riesgo que se ha creado por el llamado Proyecto Castor”. El Supremo ha rechazado recientemente la petición del Gobierno de que se suspendiera la indemnización pactada en un real decreto de 2008 en el caso de que se suspendiera la concesión administrativa a la empresa Escal UGS por dolo o negligencia.

El artículo 14 de ese acuerdo dispone que, en el caso de suspensión o finalización de la concesión, las instalaciones del almacén Castor pasarían a ser titularidad del Estado y se tendría que indemnizar al operador con su valor neto, actualmente estimado en 1.700 millones. Si obrara de por medio dolo o negligencia, la indemnización bajaría hasta el “valor residual” de las instalaciones.

“Los conflictos de intereses o las incompatibilidades podrían explicar la ruinosa lesividad ya denunciada por la abogacía del Estado”, contempla el denunciante que se pone en “el caso de que alguna de las empresas relacionadas o beneficiadas directa o indirectamente por el proyecto Castor haya pagado al IGME o sus funcionarios o a las entidades con las que el IGME tuviera suscrito algún convenio o contratación”.

El Tribunal de Cuentas ha emplazado al denunciante para que se persone como acción pública con la advertencia de que si finalmente se termina inadmitiendo le pondrían imponer las costas. El denunciante tendrá que determinar actos concretos de intervención, administración o manejo de caudales y los preceptos legales que considera incumplidos.

El informe de fiscalización del IGME al que hace alusión resume en 16 conclusiones y recomendaciones diversas irregularidades de este organismo, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, como que no se pudo conocer el coste ni el valor de los de los productos y proyectos técnicos derivados de los convenios de colaboración , algo que “podría dar lugar a que el IGME hubiese obtenido un exceso indebido de financiación”; que varias personas se convirtieran en funcionarios en procesos en los que se valoraron méritos concretos que sólo se habían haber adquirido desempeñando puestos en este organismo; o que existieron “ciertas deficiencias de control” en la gestión de la Tesorería del Organismo, entre otros asuntos.