Termitas en la sanidad pública

Cuando la Generalitat recibió las competencias de Sanidad en 1982, el sistema sanitario público estaba formado por cinco grandes hospitales de la Seguridad Social, dos grandes centros concertados —Clínic y Sant Pau— y una pléyade de pequeños hospitales de diferente titularidad y situación, casi todos obsoletos y muchos en quiebra por una gestión corrupta o incompetente. En ese momento, buena parte de la excelencia y la innovación estaban en el sector privado. El desfase tecnológico del depauperado sistema público permitía a los accionistas del privado, la mayoría médicos, invertir en tecnologías que rápidamente eran amortizadas.

Tres décadas después, la relación público-privado ha dado la vuelta como un calcetín. Ahora el sistema público está a la cabeza de la innovación y ejerce un liderazgo indiscutible tanto en el ámbito profesional como tecnológico. Esto ha sido posible porque durante todos estos años, los sucesivos consejeros del PSUC, de CiU y del PSC han respetado un consenso básico: el de consolidar y fortalecer el sistema público de salud. Y lo han conseguido. Pero ese modelo podría estar en peligro con los cambios que está introduciendo el consejero Boi Ruiz, probablemente el más genuino exponente del Gobierno business-friendly de Artur Mas. Tras presidir durante años la patronal sanitaria, Ruiz gobierna ahora la partida que más juego puede dar a la iniciativa privada.

Ya sorprendió poco después de tomar posesión que recomendara a los catalanes suscribir un seguro privado. Mucho entusiasmo por lo público no denotaba. Para quien ha de gestionar un presupuesto menguante, el aumento de los seguros privados puede ser un alivio, pues descongestiona el sistema público. Pero no parece que estemos solo ante un movimiento oportunista, sino más bien ante un lento cambio de escenario en el que los inversores privados ya no se plantean una estrategia de competencia, sino de aprovechamiento y parasitación del sistema público. La dicotomía no estaría tanto entre sector público y sector privado, sino entre prestación pública y privada… dentro del propio sistema público, en un proceso de paulatina apropiación del capital profesional y de conocimiento acumulado. La penetración de las termitas privatizadoras en el sistema público se inició hace ya tiempo con la externalización clientelar por parte de CiU de servicios como el diagnóstico por la imagen o la concesión de conciertos a hospitales privados (Platón, hospital General de Cataluña), pero es ahora, bajo la dirección de Boi Ruiz, cuando se producen los cambios de mayor calado, al conceder la gestión de áreas sanitarias completas a sociedades privadas, algunas sin experiencia en el sector. Se trata de facilitar la utilización de recursos públicos en beneficio privado. La termita del ánimo de lucro en el corazón del sistema.

El fallido intento de convertir el Clínic en una sociedad gestionada por sus médicos y abierta a inversores privados ha sido hasta ahora el intento más ambicioso. Se hará finalmente un consorcio, pero Salud le impone al Clínic una alianza estratégica con el hospital Sagrado Corazón, propiedad de la multinacional IDC Salud tras la quiebra de La Alianza. El Clínic deberá cerrar camas y transferir profesionales y actividad de baja complejidad, que es la que deja mayor margen de beneficio, al Sagrado Corazón. El plan forma parte de la reordenación asistencial territorial emprendida por el consejero con un notable oscurantismo y que supone una oportunidad de extensión discrecional del modelo.

La apropiación de recursos públicos en beneficio privado se inició hace ya algún tiempo, cuando se permitió a los gestores del Clínic constituir Barnaclínic para poder ofrecer asistencia privada en el propio hospital, una iniciativa que se ha extendido rápidamente a otros centros. En una reunión de médicos del nuevo hospital de Olot, todos menos dos contestaron afirmativamente a la pregunta de si debían ofrecer asistencia privada por las tardes.

La combinación de prestación pública y privada dentro de un mismo hospital puede ser letal para la sanidad pública. Tras los duros recortes presupuestarios y la reducción de plantillas, las listas de espera están aumentando y, lo que es más grave, aumenta la espera para pruebas diagnósticas. Que un paciente tenga que esperar un tiempo excesivo si va por la ventanilla pública, y pueda sortear la demora y ser atendido incluso por el mismo médico si va por la ventanilla de pago plantea problemas éticos muy graves y acabará provocando desafección al sistema público.

Si la sanidad pública se descapitaliza y aumentan los tiempos de espera, las capas con cierto nivel adquisitivo buscarán una salida en los seguros privados. De hecho ya lo están haciendo. Las aseguradoras privadas han aumentado en 101.000 el número de pólizas en Cataluña desde 2010 y los ingresos por primas en un 10,9%. La población con doble aseguramiento solía rondar el 23%. En 2012 era ya del 26,5%.

Si no se invierte en el sector público, si disminuyen las plantillas y se reducen los salarios —ahora mismo hay médicos que cobran menos de 1.000 euros al mes— el drenaje no dejará de crecer y cuando buena parte de las clases medias hayan desertado o estén descontentas de lo público, se habrán sentado las bases para dar el salto a un sistema dual. Por el camino habrá quedado lo más valioso: la equidad.