Un operario del Madrid Arena declara que abrió el portón por orden de Seguriber

El operario que abrió el portón de carga por el que entraron 2.500 personas, Segundo Eladio Pupuche, ha declarado esta mañana ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Eduardo López Palop, que recibió la orden del jefe de Seguriber José Antonio Díaz Romero, que se encargaba de la seguridad del pabellón Madrid Arena. Lo que no queda claro, y así ha dicho que lo desconocía, es quién dio la orden a su vez a Díaz Romero. Unas versiones apuntan a la mano derecha del promotor de la fiesta (Miguel Ángel Flores), Santiago Rojo, o al jefe de operaciones de Madrid Espacios y Congresos, Francisco del Amo.

Pupuche es el imputado número 25 en el caso Madrid Arena, abierto hace ya un año por la muerte de cinco jóvenes en el pabellón municipal durante la fiesta de Halloween. El trabajador ha explicado que no tuvo la sensación de que entraran en unos 20 minutos unas 2.500 personas por el portón de carga. También ha destacado que nadie dio la voz de alarma por la emisora de que se estuvieran produciendo avalanchas o de que hubiera problemas de movilidad de las personas en la pista. Y ello pese a que todos los responsables de seguridad llevaban emisoras de radio por las que podían comunicar cualquier incidencia.

La declaración se está alargando porque el operario está visionando vídeos en los que trata de identificar a las personas que acudieron a la fiesta, y en especial a los responsables de la organización de la empresa Diviertett a cuyo frente está el empresario Miguel Ángel Flores, y de Madrid Espacios y Congresos (Madridec), la propietaria del pabellón municipal.

Urnas con entradas

Pupuche tampoco recordaba, según han explicado los abogados de las partes, que pasaran por delante de él los empleados de Flores llevando las urnas en las que se depositaron las entradas en dirección al pabellón satélite. Fue en este edificio donde la policía recuperó estos recipientes días después. El recuento arrojó que habían asistido a la fiesta unas 17.000 personas, cuando el aforo máximo previsto estaba en 10.600.

Abdón Núñez, abogado de una de las víctimas, ha destacado que estaban pendientes de un estudio realizado por una empresa privada en colaboración con la Universidad de Murcia, pero que finalmente no lo van a tener porque la persona encargada ni siquiera se ha puesto en contacto con el centro universitario, lo que hace sospechar a las partes que se trata de un intento de “estafa”.

El juez que instruye el caso tenía previsto concluir el procedimiento antes de que terminara el año, pero algunas partes lo ven difícil porque queda por volcar la información de ocho ordenadores y analizarla. Para este trámite la policía ya ha pedido cinco discos duros de un terabits de capacidad cada uno. También quedan pendientes saber el número de personas que acudieron a la zona vip del recinto municipal, pese a que ha sido requerida en numerosas ocasiones esta información por el magistrado. Los letrados de las acusaciones creen que con esta cifra se podría llegar a las 20.000 personas. Por último, quedan todavía algunos careos entre algunos imputados, según fuentes judiciales.