Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

En vivo y en directo

Lo que está sucediendo es el desmoronamiento de un proyecto entero en tiempo real

Por primera vez en unos dos o tres años estoy viendo Canal 9. Lo tengo puesto de fondo mientras escribo estas líneas. Son las 16.15 del miércoles seis de noviembre, y los periodistas han tomado en armas la emisión y han decidido hacer un informativo sin límites sobre su propio cierre. Hasta ahora hemos visto, entre otros, al presidente de la asociación de agricultores AVA-ASAJA; al Presidente de la Falla Cuba-Literato Azorín (y a su vez líder de las fallas de Sección Especial); a la directora del Instituto Valenciano de Infertilidad; deportistas (futbolista del Villarreal incluido); alcaldes y más.

Todos ellos han resaltado lo importante que es para ellos la existencia de una televisión autonómica, lo necesaria que es para su sector, lo que hace falta para defender la lengua y la cultura de nuestra tierra. Muchos han destacado el buen trabajo de los periodistas de la cadena, implicando por tanto que la mala calidad y el sesgo que ya se había convertido en proverbial en torno a la cadena provenía en realidad de la dirección. Y yo solo miro con los ojos abiertos y el gesto un tanto perplejo. No por lo provocador del discurso, ni por la fuerza del hilo argumental. Lo importante es quién lo está haciendo: el baluarte de la propaganda oficialista ha reunido en rebeldía a la sociedad civil valenciana a la que Fabra convocó hace apenas unos días para clamar en contra del presidente y de su política. El punto central del mensaje es simple: con esta decisión, el PPCV ha dejado de representar los intereses de los valencianos.

De ahí vienen los ojos abiertos y el ademán de perplejidad. Porque lo que está sucediendo en la pantalla que tengo detrás del ordenador es el desmoronamiento de un proyecto entero en tiempo real. Durante años, el PPCV se ha apoyado en varias entidades, organismos culturales, asociaciones privadas, empresas públicas y grupos de todo tipo para repartir prebendas. Son las mismas que ahora le están dando la espalda. La estructura clientelista que los populares construyeron con esmero, cuidado y paciencia en la Comunidad Valenciana se basaba, como todas las estructuras de este tipo, en la afluencia de rentas. Cuando el dinero ha dejado de llegar, el apoyo de los cuadros intermedios y de las bases se ha comenzado a resquebrajar poco a poco. La idea de “corrupción” ha aparecido varias veces en las palabras de los participantes del especial en rebeldía de Canal 9, como causa tanto del hundimiento de RTVV como de la crisis económica en su conjunto.

La lógica es sencilla: si uno se pone al frente de un proyecto económico y promete crecimiento y distribución, lo que se espera es que mantenga esta situación y sepa capear los temporales. Si lo hace bien, el cómo lo haga puede no ser demasiado importante. Es decir: es posible que no nos importe demasiado la corrupción mientras no haya indicios de que estamos perdiendo dinero con ella. De hecho, hay un puñado de estudios en la ciencia política que vienen a demostrar justo esto. Los politólogos Gonzalo Rivero, Pablo Fernández y Pablo Barberá han realizado recientemente un análisis del comportamiento de los votantes españoles ante la corrupción que sugiere que si el efecto de la misma se percibe como potencialmente beneficioso para todos, la población puede elegir no castigarla en las urnas.

Extrapolando esta idea, la razón por la cual los valencianos hemos seguido votando al PP en los años de bonanza a pesar de signos evidentes de deterioro institucional sería, simplemente, que el dinero y el trabajo seguía llegando. Pero parece lógico razonar que este aparente beneficio general viene con una factura a pagar más tarde, y que una vez el mecanismo se ha roto resulta bastante legítimo pedirle cuentas al Rey de manera enérgica. O, en este caso, al jefe del Consell.

RTVV era un medio más del Ejecutivo (y no precisamente menor) para distribuir favores, atención, relevancia y, por tanto, rentas. Acabar con la empresa de un plumazo significa obligar a muchísima gente con intereses (normalmente legítimos) a que renuncien a los mismos. Y, por supuesto, se van a enfadar. De hecho, se están enfadando en directo, delante de nuestras narices. Delante de las narices de todos los valencianos, algunos de los líderes de su sociedad civil se han amotinado. Es muy posible que la mayoría de los ciudadanos considere que la decisión de cerrar RTVV es adecuada dadas las circunstancias. Yo mismo no me opondría a reconsiderar si las televisiones autonómicas son tan necesarias como lo mucho que nos cuestan.

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Pero lo que estamos aprendiendo esta tarde excepcionalmente calurosa de noviembre no es eso. No solo porque el Consell ha llevado todo este asunto de una manera torpe, poco transparente y, bajo el criterio del TSJ, incluso ilegal. La clave es lo que era RTVV antes, el espacio que deja, y lo que todo esto simboliza: el fin de un ciclo en el que enormes porciones del ámbito público se utilizaron para partir y repartir botines y poder. Se acabaron los tesoros y llegó el motín. Sin creación de empleo y sin un sistema de financiación autonómica más ventajoso para la Comunidad, las encuestas nos sugieren que el pescuezo del PPCV corre serio peligro. Hoy lo pueden ver en sus televisores. En vivo y en directo.

Jorge Galindo es sociólogo

Sobre la firma

Jorge Galindo

Es analista colaborador en EL PAÍS, doctor en sociología por la Universidad de Ginebra con un doble master en Políticas Públicas por la Central European University y la Erasmus University de Rotterdam. Es coautor de los libros ‘El muro invisible’ (2017) y ‘La urna rota’ (2014), y forma parte de EsadeEcPol (Esade Center for Economic Policy).

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