La ley de gobiernos locales avanza con críticas en el Parlament

Luz verde a la ley de Gobiernos locales de la Generalitat, que avanza en su primer trámite parlamentario con fuertes críticas de la oposición. Los votos de CiU y ERC han permitido que la norma sea discutida en ponencia para cuadrar su redactado final. El resto de formaciones acusan a la vicepresidenta, Joana Ortega, de romper el consenso y de haber soslayado al municipalismo durante la redacción de la norma. La Generalitat quiere aprobar su ley antes de que el Gobierno central haga efectiva su propia reforma, tal como ha reconocido Ortega al defender la ley en el Parlament. "La competencia exclusiva en materia de régimen local es nuestra, y no nos podemos permitir el lujo de no desarrollarla. Porque no hacerlo significa asumir una reforma estatal que en ningún caso consideramos adecuada, que no es buena, que no es válida para el mundo local catalán". El PP ha criticado con dureza a Ortega por este motivo: "No hay ninguna referencia en este proyecto de ley que no sirva para atacar al Gobierno de España. Esta es su estrategia y su liderazgo en este proceso". 

La ley catalana persigue que los Ayuntamientos sean solventes, acabar con la duplicidad de servicios y recortar la estructura política de los consejos comarcales. Así, entre sus medidas destacan la retirada de competencias a los municipios que no sean solventes; la eliminación de mil cargos en los entes de las comarcas; el coto a la proliferación de consorcios públicos-privados; o la eliminación de la comarca del Barcelonés. Con estas medidas, Ortega prevé ahorrar hasta 1.000 millones de euros. 

La ley catalana persigue que los Ayuntamientos sean solventes, acabar con la duplicidad de servicios y recortar la estructura política de los consejos comarcales

Esquerra ha avalado el proyecto de ley, aunque ha dado por buenas algunas de las críticas de la oposición a Ortega. Para Marc Sanglas, diputado republicano, la ley no satisface a las entidades municipalistas. "Nos consta que no hay una satisfacción absoluta por este proyecto de ley, igual que no la hay por parte de ERC. En todo caso, es en el Parlament donde se debe discutir".

La oposición se ha mostrado favorable a desarrollar una norma catalana de Gobiernos locales, pero rechazan el redactado de Ortega. A la vicepresidenta le reprochan la falta de consenso, la poca concreción de la ley, y el hecho de que la norma no vaya acompañada de otra que regule la financiación municipal, uno de los temas que más preocupa a los alcaldes.  "Queremos devolver la ley al Gobierno para que vuelva mejorada, especialmente en el ámbito de la definición de competencias y la financiación", ha expresado la diputada socialista Núria Parlón. 

La misma reivindicación ha hecho la ecosocialista Marta Ribas. "Debería ir acompañada de una ley de haciendas locales", ha pedido, antes de denunciar el "retroceso democrático" que, a su juicio, supone otra de las medidas que se incluyen en la ley, la obligación para los municipios de menos de 1.000 habitantes de ceder sus competencias al consejo comarcal. "Se les secuestran competencias básicas como los residuos o el agua, no cumplen con la autonomía local", se ha quejado Ribas, que ha sentenciado: "En el país que queremos, al municipalismo se lo valora como la estructura de Estado de más proximidad". Ciutadans ha lamentado que la ley se haga como reacción a la normativa estatal y ha denunciado que "perpetua un sistema de organización territorial obsoleto, caro, y clientelar" como el de los consejos comarcales, en palabras de la diputada Carina Mejías. Para Quim Arrufat, de la CUP, la norma debería haber respetado las competencias que ejercen con eficacia los consistorios y haber restringido sus potestades en urbanismo: "Se tendría que haber reforzado ahí donde los municipios son clave, son motor y profundizan", ha resumido.

La Federación de Municipios de Cataluña se ha sumado a las críticas. Su presidente, Xavier Amor (PSC), ha lamentado que no se den las "Mínimas condiciones" para lograr el consenso.