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JOSÉ JAVIER POLO RODRÍGUEZ | Fiscal jefe provincial de Madrid

“Veo forzada la existencia de delitos en la privatización de la sanidad”

El fiscal jefe de Madrid cree que "de la querella no se aprecia que haya falsedad o malversación” y "lo que que plantea el denunciante es bastante difuso”

El fiscal jefe provincial de Madrid, José Javier Polo, en su despacho en la sede de la Audiencia Provincial. Ampliar foto
El fiscal jefe provincial de Madrid, José Javier Polo, en su despacho en la sede de la Audiencia Provincial.

José Javier Polo Rodríguez, de 53 años, ha cumplido ya sus primeros 100 días al frente de la jefatura de la Fiscalía Provincial de Madrid, tras sustituir en el cargo a Eduardo Esteban el pasado 7 de julio. Especialista en temas como la Ley del Jurado, los menores y la extranjería, su anterior puesto era el jefe de la Fiscalía de Toledo, cargo al que accedió en 2004. Ingresó en la carrera fiscal en 1985. Es uno de los dos máximos responsables de la Fiscalía madrileña y, por tanto, el superior jerárquico de los fiscales de las numerosas causas abiertas por la privatización de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Henares, Sureste y Tajo.

Los exconsejeros de Sanidad Juan José Güemes y Manuel Lamela están imputados por los delitos de prevaricación y cohecho por este proceso. Él, no obstante, cree que no existe base para ello, porque “está bastante forzada la existencia de delitos en la privatización de la sanidad”.

Pregunta. ¿Qué postura va a tomar la fiscalía en el contencioso de la privatización de la sanidad en Madrid?

Respuesta. Nuestra postura de momento es de prudencia. Es un caso que tiene un desarrollo contencioso-administrativo puro, de control de lo que hace la Administración, en el que nosotros no intervenimos, salvo lo que afecte a los derechos fundamentales. Estamos viendo en qué medida esta posición de la Comunidad de Madrid puede afectar a esos derechos fundamentales. Luego, hay una parcela de Derecho Penal, que es la querella presentada por la presunta existencia de delitos en esta materia. También nuestra postura es de absoluta prudencia porque no podemos seguir adelante con un proceso penal mientras no se clarifiquen las conductas penales. Veo bastante forzada la existencia de delitos en la privatización de la sanidad. El Derecho Penal está para otra cosa.

P. ¿Por qué no ve que existan esos delitos?

R. Lo que nos dibuja el querellante [la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, Afem] en su escrito es bastante difuso y, a la vista de lo que nos plantea, no se aprecia que pueda haber malversación, prevaricación o falsedad. Al menos, de lo que hemos leído. Otra cosa es que la redacción de la querella haya sido más o menos acertada.

P. Entonces, ¿cree que el proceso está bien hecho?

R. Para responder a eso habría que estudiar en qué ha consistido todo el concurso y hacerlo a fondo. Habría que ver si se ha cumplido la legalidad, si se han redactado bien los pliegos y si se ha convocado con los plazos que marca la legislación.

P. ¿Cómo han sido los primeros 100 días al frente de la fiscalía?

R. Han sido muy intensos y de conocimientos de las instalaciones de la fiscalía, que no son pocas, y de la plantilla que trabaja aquí. Somos un organismo muy grande. Estamos hablando de 1.000 personas en Madrid: unos 200 fiscales en Madrid, 100 en la periferia (Alcalá, Móstoles y Getafe) unos 400 funcionarios. Es una empresa enorme.

P. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

R. Han sido dos cosas, aunque ya tenía cierta idea previa. Negativamente, la dispersión de las distintas sedes. Solo en Madrid tiene nueve sedes, más otras cinco en la periferia. Hablamos de una fiscalía que están distribuidas en 14 direcciones diferentes. Esto tiene muchísimos inconvenientes, desde el movimiento de los expedientes en papel, aunque exista el correo electrónico y otros medios. Evidentemente, el traslado de los asuntos y de las personas retrasa el trabajo. Igual les ocurre a los jueces. Positivamente, me ha sorprendido la enorme profesionalidad de los funcionarios y de los fiscales. Hay gente muy preparada y muy comprometida con su trabajo.

P. Llega con fama de ser muy estricto.

R. El trabajo de la fiscalía es un trabajo que se debe caracterizar por su rigor, en el sentido de seriedad, no en el de severo. Lo que me parece más importante es que se vea que el trabajo del fiscal es serio y que la fiscalía actúa con rigor y con seriedad. Si eso es ser duro, pues soy duro.

P. Y de conservador.

R. Si se refiere en el ámbito político, creo que es una etiqueta como cualquier otra. Si se refiere a una determinada postura respecto a la administración de justicia, no parto de ninguna postura. Creo en la administración de justicia, en la Constitución y en la independencia de poderes. Me parece algo relevante, que se puede sostener con seriedad desde cualquier posicionamiento político, tanto de izquierda como de derecha. No es algo ideológico. Si de lo que se trata de mantener cierta influencia de la política en la justicia y viceversa, que también lo hay, pues entonces soy revolucionario, porque me manifiesto en contra de esa situación.

P. ¿Piensa hacer cambios en su departamento? ¿Viene con alguna premisa?

R. Es posible que haga algún cambio, pero la mayor parte de las cosas van a seguir como están. Todavía no hemos tomado ninguna decisión. Lo que he hecho ha sido rodearme de un equipo de colaboradores para trabajar en equipo para ver si el sistema de la fiscalía es mejorable o no. Me preocupa mucho la especialización de los fiscales, sobre todo cuando tenemos una formación y no podemos servir todos para todos. Algunos fiscales tienen que especializarse en la materia y profundizar en ella.

P. ¿Qué le parece la instrucción del caso Madrid Arena?

R. Hay un trabajo muy exhaustivo de la fiscalía en esta materia. Estamos siguiendo el tema muy de cerca, con mucha profundidad. No le estamos dando un tratamiento rutinario, pero es un asunto enorme, muy voluminoso, que está alcanzando además parcelas excesivas en cuanto a la depuración de las responsabilidades. Queremos ir a la imputación concreta; es decir, qué personas tienen responsabilidad en los hechos, porque de hecho creemos que existe una responsabilidad criminal porque sino no seguiríamos estudiando. Eso, y pedirle al juez que practique las últimas diligencias importantes y que cierre cuanto antes la fase de investigación para ya entrar al juicio y ventilar el asunto.

P. ¿Por qué se decanta, por homicidio doloso o por homicidio imprudente?

R. Estamos estudiando la fórmula y no hemos querido avanzar nada porque nos parece indecoroso hacia el resto de las partes personadas. El primero que tiene que saber cuál es nuestra postura es el juez de instrucción. Cuando reciba nuestro escrito, entonces ya será público.

P. ¿Está de acuerdo con la instrucción del caso?

R. No la conozco con tanta profundidad. Creo que las instrucciones de los procesos penales, en general, se eternizan. Todos los escritos y recursos se trasladan a las partes y eso retrasa muchísimo.

P. Algunas partes se quejan de que la nueva fiscal no haya acudido a las últimas declaraciones.

R. Lo primero que hay que decir es que desde el punto de vista de la legislación procesal, la presencia del fiscal en esas declaraciones no tiene ningún efecto jurídico. Solo lo tiene cuando la ley lo exige, como cuando hay que pedir la prisión o una medida de protección, en las que el fiscal tiene que estar presente sí o sí. El resto de las diligencias no exige su presencia. Otra cosa es que la fiscalía valore la utilidad y la conveniencia de estar presente. Prefiero un fiscal que conozca el asunto, que lo valore y que lo trabaje bien a otro que esté presente en todas las declaraciones y no se entere de nada.

P. ¿Qué soluciones tendría para la sobrecarga de trabajo que tiene la región?

R. La primera sería la destipificación de conductas criminales leves, que es algo que se está produciendo en toda Europa y que aquí seguimos incomprensiblemente manteniendo. No tiene ningún sentido ni siquiera económico, por no hablar ya del judicial, que jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores y oficiales de justicia dediquen su tiempo a asuntos de absoluta nimiedad, como son los juicios de faltas. Nadie se puede imaginar la cantidad de horas, de espacio de oficinas y de documentos que se dedican a estos menesteres. Si se eliminaran estos conflictos ya ganaríamos mucho. La solución también viene por hacer más operativas las leyes y potenciar los sistemas de mediación antes del juicio.

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