El juez mantiene la imputación a Güemes y Lamela por cohecho y prevaricación

El titular del juzgado de instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha desestimado el recurso que el exconsejero de Sanidad Juan José Güemes presentó el verano pasado  contra el auto de admisión de la querella por prevaricación, cohecho y malversación de la asociación de médicos Afem. En un auto de 29 de octubre, pero adelantado por El Mundo hoy, el juez no solo desestima la petición de Güemes y de dos de las empresas supuestamente beneficiadas por la privatización sanitaria en Madrid (Asisa y Unilabs) sino que defiende la necesidad de investigar los hechos presuntamente delictivos que relata Afem. Además, el auto concreta un poco más qué delitos corresponderían a cada uno de los nueve imputados en el proceso. En el caso de los exconsejeros Güemes y Manuel Lamela, cohecho y prevaricación.

Al admitir a trámite la querella, Sexmero decidió en junio pasado investigar el proceso de privatización de la gestión hospitalaria que inició el Gobierno regional en 2003. En el auto de admisión solicitó una extensa lista de información de tipo económico, mercantil, de facturación y administrativa. También imputó a la cúpula de la sanidad madrileña: dos exconsejeros de Sanidad y dos altos cargos actuales, y cinco representantes de las empresas que supuestamente se beneficiaron de las decisiones políticas.

Poco después de conocer su imputación, Güemes presentó un recurso en el que alegó la falta de legitimación de Afem y la inconcreción de su imputación. El fiscal del caso, Salvador Ortolá, envió varios escritos en agosto en los que se adhería a los recursos de Güemes y el resto de imputados y pedía cerrar las diligencias. Ahora Sexmero reconoce que “el escrito de querella debería haber sido más claro en el relato de los hechos e imputaciones”, pero afirma que “no puede decirse que del relato no puedan deducirse de manera explícita los hechos que pudieran ser constitutivos de delito y las personas a las que se imputa estos hechos”. El juez está decidido a continuar investigando: “Resulta indispensable la práctica de las diligencias de investigación necesarias tendentes a esclarecer los hechos relatados en la querella incluso aunque pudieran ser confusos”.

En septiembre, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 suspendió el interrogatorio de la viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores, y del director general de Hospitales, Antonio Burgueño, que estaban llamados a acudir al juzgado como imputados en el marco de la querella por presuntas irregularidades cometidas en la primera fase de la privatización hospitalaria en Madrid. El juez no había recibido la información solicitada a la Consejería de Sanidad madrileña. Todas las comparecencias se suspendieron y aún no se han retomado.

El juez acredita la legitimación de Afem: “El interés del colectivo médico y en consecuencia de la asociación querellante, que se ve afectado o puede serlo en sus condiciones de trabajo y económicas, así como en la prestación del servicio de salud, por las irregularidades denunciadas, está sobradamente acreditado”.

Sexmero resume brevemente los hechos que describió con mayor precisión en el auto de admisión a trámite de la querella: “Del mismo modo se imputa el delito de prevaricación, y cohecho a los querellados que han intervenido en las adjudicaciones a empresas con un accionariado opaco incumpliendo alguno de los requisitos previstos en la ley como la no exigencia del canon y que se han beneficiado de dichos acuerdos para después contratar los servicios de anteriores consejeros de Sanidad como el Sr Güemes y el Sr Lamela, responsables políticos de la adjudicación a los que imputa en unión de Capio, Ribera Salud y Unilabs, habiéndose contratado incluso en la Consejería de Sanidad a cargos de estas empresas como el propio Burgüeño Carbonell que participó en su dia en la creación del “modelo Alcira” en la Comunidad Valenciana o Jose A. Azofra , director medico del hospital Infanta Elena de Valdemoro y a la vez coordinador de M.I de la Fundación Jiménez Diaz (Capio) a donde se derivan pacientes desde centros públicos de manera interesada según la querella y ajena al interés público y al servicio de salud”.

Las personas que fueron imputadas en junio son los dos exconsejeros de Sanidad, Manuel Lamela y Juan José Güemes, y dos altos cargos, Patricia Flores (actualmente número dos de la consejería) y Antonio Burgueño, director general de Hospitales. El juez también citó con abogado al gerente de la Fundación Jiménez Díaz (centro privado concertado) y a los responsables de Capio (que recientemente cambió su denominación comercial a IDC Salud), Ribera Salud, Unilabs y Asisa.