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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Perspectivas de diálogo

Si la sentencia de Estrasburgo ha levantado tal galerna, ¿qué no ocurriría ante la más mínima concesión a Cataluña?

Desde luego, no hay que confundir Madrid con España, ni la plaza de Colón con Madrid, esa ciudad donde, también el pasado domingo, miles de personas se manifestaron de nuevo —ya llevan doce mareas blancas— en defensa de la sanidad pública y contra la privatización de este servicio básico. Con todo, desde que a finales de 2002 José María Aznar y Federico Trillo-Figueroa —ya saben, los reconquistadores de Perejil— decidieron plantar en aquel espacio urbano una gigantesca y solitaria bandera rojigualda, fiel reflejo simbólico de su concepción unitarista del Estado, desde entonces la plaza de Colón se ha convertido en el kilómetro cero del patriotismo español, el sagrario y el termómetro de quienes se consideran los únicos depositarios e intérpretes legítimos de las esencias y los intereses de España.

El último domingo de octubre, decenas de miles de ellos acudieron a esa especie de plaza de Oriente del siglo XXI a exhibir su indignación y su rabia. Lo hicieron portando banderas constitucionales o franquistas, mostrando siglas de partidos democráticos o de grupos de ultraderecha, que entre patriotas esos distingos son minucias. Y hablaron alto y claro: “Rajoy, traidor a España...”, “todo lo que vemos apesta a negociación con ETA”, “Viva la Guardia Civil. Fuera Estrasburgo”, “¡Rajoy, marioneta, que te vote la ETA!”, “cobardes”, “¡traidores, no os hemos votado para esto!”, “No más mentiras, no más treguas-trampa”. Y denunciaron “la impunidad de ETA” (¿660 presos repartidos por cárceles de seis países diferentes son impunidad?), las “condenas ridículas” contra unos terroristas que llevan 28 ó 29 años entre rejas.

Toda esta visceralidad y esta cólera estallaban como reacción a una sentencia jurídicamente inobjetable que el Gobierno de Rajoy no tiene más remedio que acatar y que —según subrayó el lunes un auto de la Audiencia Nacional— "afecta y compete por igual a todos los poderes públicos", salvo que se quiera convertir al Reino de España en el hazmerreir y la vergüenza de Europa.

Dicen varios medios que Rajoy, Rubalcaba y Mas están abiertos al diálogo. ¿Sobre qué y con qué margen?

Y bien, si la obligada rectificación del Gobierno y del PP en un tema ciertamente sensible, pero que afecta de modo directo a los sentimientos de un número limitado de personas y que remite a una actividad terrorista hoy felizmente extinguida —”ETA está derrotada”, recordó el otro día el ministro Fernández Díaz—, si el cumplimiento de la sentencia de Estrasburgo ha levantado semejante galerna, ¿se imaginan ustedes lo que podría ocurrir en caso de que Mariano Rajoy mostrase la menor veleidad concesiva hacia las demandas del Gobierno de Artur Mas, de la mayoría del Parlamento catalán y —según los últimos sondeos— de casi un 80 % de la ciudadanía de Cataluña?

De momento, el eurodiputado por el PP y ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, ya ha establecido el vínculo entre el terrorismo y el proceso soberanista catalán: “La vanguardia del movimiento nacionalista, en la mayor parte del período democrático, ha sido ETA. (...) Ayer, la vanguardia estaba en ETA y hoy está en el presidente de la Generalitat. (...) ETA está agazapada y con la esperanza puesta en la crisis de España”. O sea que, según la lógica de Mayor Oreja, cualquier compromiso entre el poder central y el Ejecutivo catalán acerca de la celebración de una consulta al amparo de la ley supondría un triunfo del terrorismo, una victoria de ETA, una afrenta a las víctimas.

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Espoleada por estos sentimientos, o por un mero reflejo patriótico, lo seguro es que, apenas los zelotes de la unidad de España descubriesen la más mínima grieta en el no berroqueño de Rajoy y los suyos a la demanda de las instituciones catalanas, la subsiguiente movilización de rechazo llenaría no dos o tres plazas de Colón, sino varios paseos de la Castellana. Acudirían a ella la extrema derecha, la derecha y el centro; los ultraliberales y quienes describen el franquismo como “una situación de extraordinaria placidez”. Acudiría toda la grey de monseñor Rouco Varela.

Y, lo más importante, acudiría buena parte del PSOE, desde las bases hasta la cúpula.

Esto último quedó claro el pasado martes en el Congreso de los Diputados. UPyD presentaba una moción contra “la falacia del derecho a decidir” sin otro propósito que marcar paquete españolista. El PP no podía dejar de votarla, pero el PSOE de la Declaración de Granada, del federalista Rubalcaba, había decidido abstenerse casi por dignidad: sólo faltaría que un partido con 5 diputados y 6 años de antigüedad le dictase la agenda y el voto a otro que tiene 110 escaños y fue fundado en 1879.

Pero bastaron las maniobras de la vieja guardia (Alfonso Guerra, Manuel Chaves...), la presión del meridionalismo andaluz (“ningún pacto de trastienda con Cataluña”) y el miedo a que los votantes les vieran flaquear ante la ex correligionaria Rosa Díez, para que Pérez Rubalcaba cediese y el PSOE votara sumiso la moción de UPyD, abriendo de paso otra brecha en la credibilidad del PSC.

Aseguran diversos medios que Rajoy, Rubalcaba y Mas están abiertos al diálogo. ¿Sobre qué y con qué margen?

Joan B Culla i Clarà es historiador.

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