El Consell implanta la tasa bancaria

El consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, desveló ayer que para cuadrar los presupuestos de la Generalitat de 2014 no ha tenido más remedio que prever la implantación de una tasa sobre los depósitos bancarios con la que espera obtener 230 millones de euros de ingreso.

Moragues presentó ayer las cuentas de la Generalitat para el próximo ejercicio en las Cortes Valencianas. Unas cuentas que están marcadas por la incertidumbre en el capítulo de ingresos. El caso más llamativo es el de la tasa bancaria, por la que se han previsto unos ingresos millonarios sin que el impuesto se haya regulado previamente.

O dicho de otro modo, se ha vendido la piel del oso, antes de cazarlo. Será el Grupo Popular, a través de una enmienda en el proceso de tramitación de la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2014 quien propondrá la regulación de un nuevo impuesto que, al menos formalmente, las entidades bancarias no podrán repercutir sobre sus clientes.

Esta nueva tasa tendrá en cuenta la sede fiscal de las entidades financieras, el número de oficinas y la implantación en los municipios pequeños.

¿Por qué implanta el Consell ahora la tasa bancaria que se negó a instaurar en los presupuestos de 2013? Moragues argumentó que el año pasado descartó la idea porque la tasa había sido recurrida por el Gobierno y el Tribunal Constitucional había paralizado su aplicación en las autonomías que ya la tenían aprobada. El PP se negó entonces a aprobar la implantación de la tasa bancaria, propuesta por el PSPV, en la tramitación parlamentaria del presupuesto por demagógico. “La tasa”, afirmó entonces el popular Ricardo Costa, “distorsionaría el mercado bancario por comunidades autónomas y repercutiría en un incremento de las comisiones a los usuarios”.

Hacienda tendrá que renovar créditos por valor de 3.000 millones

Menos de un año después los argumentos del Grupo Popular parecen haber perdido su validez. El consejero de Hacienda explicó ayer que el Tribunal Constitucional ha levantado la orden de paralización sobre la tasa bancaria, tras el recurso presentado por Asturias, y que el Ministerio de Hacienda —que ahora obliga a aplicar un tipo cero a los depósitos bancarios para impedir la aplicación de la tasa— estudia cómo regular el impuesto de manera general para todas las comunidades autónomas. “Contabilizamos el impuesto [en los presupuestos] pero [la tasa bancaria] está al albor de los tribunales de justicia y de lo que diga el Gobierno central”, admitió Moragues.

De momento, Extremadura, Canarias, Andalucía y, en parte, Asturias, se repartirán los 250 millones de euros consignados por el Estado este año para compensar a estas regiones por la paralización de la tasa bancaria. Cataluña también tiene aprobado este impuesto pero no llegó a tiempo para beneficiarse del citado fondo estatal. El consejero de Hacienda insistió ayer en que los clientes de las entidades financieras podrán reclamar al Banco de España si observan que su banco les traslada la tasa.

No es este el único ingreso sobre el que existen incógnitas. Las cuentas del año próximo elaboradas por el Consell prevén duplicar los ingresos por la venta de inmuebles. Si este año se ha consignado un ingreso de 181 millones de euros, para el año que viene se han contabilizado 365 millones. El problema es que en 2013, tal y como ha sucedido en ejercicios anteriores, las previsiones se quedaran muy lejos de la realidad. Y esto, probablemente, se volverá a repetir en 2014. De hecho, en los presupuestos de las empresas públicas no hay previstos grandes ingresos por este concepto, pese a que Moragues ha puesto el cartel de “se vende” a las depuradoras y a las estaciones de tratamiento de residuos, que se suman a todo un rosario de inmuebles públicos ya a la venta. Así las cosas, da la impresión de que Moragues, como hicieron sus antecesores, ha vuelto a recurrir a una previsión optimista de ingresos para cuadrar el presupuesto.

Los ingresos procedentes de la tasa bancaria y la venta de inmuebles, que suman casi 600 millones de euros, intentan compensar la reducción de la aportación del Estado procedente del sistema de financiación autonómica. Una financiación que vuelve a dejar en 2014 a la Comunidad Valenciana como farolillo rojo. De hecho, el Gobierno transferirá a la Generalitat 1.812 millones de euros menos del gasto previsto en sanidad, educación y bienestar social.

La previsión es duplicar los ingresos por venta de patrimonio

No es el único problema con el que nacen los presupuestos de la Generalitat de 2014, que aún así prevén un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) regional una décima superior al de España hasta situarse en el 0,8%.

Con esa previsión de crecimiento, los datos de la evolución del mercado de trabajo en la Comunidad Valenciana son 4 décimas mejores que las previstas para el conjunto de España por el Gobierno de Mariano Rajoy. La mejora, sin embargo, parece una gota de agua en el océano, porque a este ritmo se necesitarían más de 15 años para alcanzar el pleno empleo, es decir, una tasa de paro inferior al 10%.

Si el Gobierno prevé acabar 2014 con un paro del 25,9%, el Consell calcula que este indicador pasará del 29,1% al 28% el año que viene. Lo que en cifras absolutas quiere decir que de los 701.000 valencianos que están sin trabajar en la actualidad solo lograrán un empleo, y probablemente a tiempo parcial, cerca de 25.000.

Al limitado impacto de las cuentas autonómicas sobre el empleo contribuye, probablemente, el limitado esfuerzo inversor del Gobierno valenciano. Este continuará un año más bajo mínimos (316, 6 millones de euros, que ni siquiera compensan la inflación prevista respecto al presupuesto de 2013). La inversión se concentrará, fundamentalmente, en las consejerías de Infraestructuras (86,4 millones), Sanidad (59,6) y Educación (45,7 millones).

Junto al incremento de la presión fiscal y la falta de políticas de choque contra el desempleo, el otro elemento que caracteriza las cuentas del año próximo es la deuda, que seguirá creciendo.

En cifras absolutas, la tercera consejería en gasto, tras Sanidad y Educación, será el servicio de la deuda de la Generalitat. En 2014, el Consell tendrá que renovar créditos por importe de 3.011 millones de euros, devolver al Gobierno 221 de anticipos cobrados indebidamente y podrá emitir otros 996 millones de deuda adicional para cuadrar las cuentas.

Con estos parámetros, el Consell difícilmente podrá cumplir con el objetivo de déficit fijado por el Gobierno en el 1% del PIB.