Ara Reus: “Pedimos que se devuelva el dinero, que procede de los tributos”

El interventor del Ayuntamiento de Reus, Baldomero Rovira, y el secretario municipal, Jaume Renyer, ratificaron ayer ante el juez la inexistencia de trabajos que avalen los pagos presuntamente irregulares de 720.120 euros, IVA excluido, realizados desde Innova, conglomerado empresarial del Consistorio, al ex director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Carles Manté, entre 2007 y 2011. También declararon Jordi Cervera y Cori Fargas, ediles del partido Ara Reus, en la oposición, y que pusieron la querella por los pagos. “Me siento orgulloso por haber podido defender los intereses de los ciudadanos. Lo único que pedimos es que se devuelva el dinero procedente de los tributos de la gente”, afirmó Cervera. El edil, que en mandatos anteriores fue regidor de CiU, explicó que nunca vio a Manté en Reus, ni sabía quién era, aunque también presidía Shirota, participada por el Consistorio dedicada a la investigación nutricional.

Los testimonios del secretario e interventor municipales son claves porque ambos funcionarios fueron los responsables de redactar un duro informe sobre el que se sustenta el caso. Ayer lo desgranaron ante el titular del Juzgado Número 3 de Reus y la fiscalía durante más de seis horas.

Los dos funcionarios municipales redactaron un duro informe sobre los pagos a Manté

El documento, fechado en junio de 2012, revela que en el Consistorio no han encontrado rastro de los supuestos trabajos de Manté y llega a comparar los pagos con los casos de corrupción del Ayuntamiento de Marbella. Los abonos se realizaron mientras el ex presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat, dirigía Innova, que arrastra una deuda de 202 millones de euros. Manté cobró a través de una empresa suya, CCM Estratègies i Salut, que había creado solo ocho días antes de firmar su contrato con Reus, según admitió él mismo al juez, y poco después de ser destituido del CatSalut. Los honorarios de Manté fueron pagados por el hospital Sant Joan, propiedad de Innova, pero financiado casi en su totalidad por el CatSalut. Fue el Departamento de Salud, por aquel entonces dirigido por Marina Geli (PSC), el que “recomendó” a Innova contratar a Manté, según mantiene Prat. En medio de este cruce de intereses, el documento del interventor y el secretario municipal detalla cómo el 15 de marzo de 2007 la empresa de Manté fue contratada a dedo para la elaboración de estudios. Prat firmó el acuerdo. “No consta ningún documento que acredite la capacidad y solvencia técnica y profesional” de la empresa, esgrime el informe municipal. El contrato tenía una duración de nueve meses y al finalizar Manté trató de justificarlo con un “documento de dos hojas a una sola cara” redactado de “forma vaga e imprecisa”, según el informe.

Después, de 2008 a 2011, Manté siguió facturando a Innova 13.000 euros mensuales por supuestos “servicios de consultoría estratégica” ya sin contrato y sin que en el Consistorio hayan encontrado “ningún acuerdo de prórroga” de la primera relación. En este periodo sobre el exdirector del CatSalut en el Consistorio “no consta ningún trabajo o resumen de actividades realizadas. El único documento que consta son las facturas”, cuenta contundente el informe.

El informe municipal alertó que Prat y Manté podrían haber incurrido en responsabilidades penales. Ambos fueron detenidos y están imputados por seis delitos: malversación, estafa, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas con funcionarios, blanqueo y contra la hacienda pública. Por su presunta relación con los pagos el juez también inculpa al exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez (PSC), malversación de caudales públicos, prevaricación y contratación irregular.