La Xunta niega al Parlamento contratos con supuestos donantes del PP

El PP volvió a negar ayer al Parlamento documentación sobre los contratos adjudicados por la Xunta entre 2002 y 2005 a las empresas que según el extesorero del PP Luis Bárcenas realizaron donaciones ilegales por importe de 1,8 millones de euros al partido en Galicia. Esta información figura en un documento entregado al juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional por el hombre que manejó durante dos décadas las finanzas del Partido Popular.

 En su declaración judicial, Bárcenas aseguró que el documentó que registra las supuestas donaciones opacas registradas en 2006 (cuando Feijóo ya era presidente del PP gallego) lo había entregado en la sede nacional de Génova 13 el entonces gerente en Galicia, Modesto Fernández, para justificar los elevados gastos de la última campaña de Fraga en 2005, cuando perdió las elecciones. Preguntado por este diario, Modesto Fernández no negó la información. Se limitó a pedir que se consultase a la dirección nacional. Desde que este diario publicó la noticia en julio, todos los partidos salvo el PP han exigido al presidente explicaciones en el Parlamento. Y a la Xunta, que entregue los contratos que los supuestos donantes (en la lista aparecen 19 empresas) recibieron del Gobierno gallego en aquella epoca. La oposición lo ha reclamado de todas las formas posibles, incluido el artículo 9 del reglamento de la Cámara que obliga a la Xunta a remitir los expedientes.

Ayer el asunto se debatió de nuevo en el hemiciclo y el PP volvió a negarse los papeles a la Cámara. Lo hizo su portavoz, Paula Prado, quien aseguró que la presunta financiación ilegal de su partido “no preocupa a los gallegos” y reprochó a la oposición que dedique “tanto esfuerzo parlamentario”. Prado aseguró que la noticia de EL PAÍS estaba trufada de “supuestos” y “presuntos” y censuró que se demande la comparecencia de Feijóo “para comentar una noticia de periódico. También aseguró que el propio gerente del PP en 2006 ya la había desmentido, algo que Modesto Fernández nunca hizo. El propio Feijóo admitió en septiembre que nadie del PP se había puesto en contacto con él.

Prado es la misma dirigente que en una visita institucional a los nuevos juzgados de Santiago el pasado enero comentó ante varios testigos, incluida alguna edil de su partido, que se “debería cerrar EL PAÍS” por la publicación de los papeles de Bárcenas, que consideraba “falsos”. La portavoz del PP niega ahora haber empleado esa frase.

Ayer la portavoz del PP defendió que las cuentas de su formación “están presentadas donde, cuando y cómo corresponden”. También sostuvo que hay una causa judicial abierta y descalificó al hombre que manejó durante veinte años la caja del PP. “Se investiga por qué una persona tiene 50 millones de euros en Suiza”, insistió. De paso, recordó que la oposición ha realizado más de 300 peticiones de papeles a la Xunta en lo que va de legislatura y argumentó que si no responde a todo es porque eso “paralizaría la Xunta”.

Tanto PSdeG como AGE y el Bloque fueron muy beligerantes en la reclamación de los contratos. Todos recordaron que el Gobierno gallego aún no envió al Parlamento los contratos sobre suministros de gasóleo y material informático de los años 90 para cotejar si entre los beneficiarios se encuentra el entramado empresarial del traficante Marcial Dorado, compañero de vacaciones en aquella epoca de Feijóo. Desde el grupo socialista, el diputado Abel Losada deslizó que si la Xunta no remite los papeles de los contratos adjudicados a firmas que aparecen en la lista de donantes es porque “tiene algo que ocultar”. Desde el BNG, Tereixa Paz preguntó si “la cuna de Gürtell está en Galicia” y preguntó a Féijóo “qué entiende por ser implacable contra la corrupción”, citando una frase del presidente. La más dura fue Yolanda Díaz, de AGE, quien recordó que la Audiencia Nacional investiga a una presunta trama “corrupta y criminal que funciona como la mafia”. Para defenderse, Prado citó la crisis abierta en Esquerda Unida por la candidata que se niega a ceder el escaño a AGE en la coalición y recurrió a Andalucía. Su grupo parlamentario premió su intervención con un sonoro aplauso.