El Estado se desentiende de un plan de regadíos que afecta a 1.300 agricultores

En Andalucía hay ya más de un millón de hectáreas agrícolas de regadío tras el espectacular crecimiento experimentado en la última década. Unos 1.300 agricultores de Jaén también se sumaron a esa fiebre por aumentar la productividad en sus explotaciones con un proyecto para invertir 25 millones de euros en la modernización de 6.000 hectáreas de su propiedad de olivar, algodón y cereal, principalmente. Más de la mitad de esa inversión ya se acometió gracias a la cofinanciación de la Junta de Andalucía en las dos primeras fases, pero el Gobierno central los ha dejado ahora colgados al anular un protocolo suscrito en 2011 y donde se comprometía a financiar la última fase, de 12 millones de euros.

“El Gobierno se niega a cumplir sus compromisos, pensamos que solo por causas políticas, ya que el protocolo se firmó con el anterior Ejecutivo socialista”, indica Eduardo Díaz, presidente de la comunidad de regantes Santa María Magdalena, que reúne a agricultores de Mengíbar, Cazalilla y Jaén. Los agricultores han comprometido su patrimonio en una inversión millonaria para la renovación de tuberías, la construcción de balsas de regulación y la instalación de contadores.

El proyecto para la modernización de regadíos en estas vegas de Jaén se declaró de interés general en 2003 y hace dos años los regantes firmaron el protocolo con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), dependiente del Ministerio de Agricultura. Era una de las actuaciones que el anterior Gobierno socialista incluyó en el llamado Plan Activa Jaén, pero que ahora no reconoce el departamento de Miguel Arias Cañete. “El Gobierno se lava las manos, no asume sus compromisos adquiridos y pone excusas de mal pagador para eludir su responsabilidad”, indicó el senador socialista Felipe López tras interpelar al ministro en la Cámara Alta.

El argumento de Arias Cañete para justificar la renuncia a esa inversión es que las obras carecen de cobertura legal al tratarse de una ampliación de regadíos y no de modernización. Agricultura esgrime que las obras no las puede hacer la Seiasa porque su objeto social es exclusivamente la modernización de regadíos. Además, recuerda que el instrumento de financiación de la Seiasa son los fondos Feder y durante el periodo 2007-2013 estaba prohibido ampliar regadíos con estos fondos. “Fue el Gobierno del PSOE el que firmó, a sabiendas, un protocolo que era ilegal”, señala la senadora del PP de Jaén, Catalina M. García. El Ministerio de Agricultura sostiene que la declaración de interés general del año 2003 no se aplica a este proyecto porque se limitaba a la modernización de las primeras 3.100 hectáreas.

Pero los regantes no se creen las explicaciones del ministerio y ven razones políticas detrás de esta renuncia. “El proyecto lo hizo la propia Seiasa e incluso en los Presupuestos del Estado de 2013 había una partida para ello, que no se ha cumplido”, se lamenta Eduardo Díaz, presidente de los regantes. Este colectivo advierte de que, sin cofinanciación del Estado, los costes financieros para sufragar el proyecto se dispararán y serán inasumibles para muchos agricultores.

La comunidad Santa María Magdalena ha reclamado al ministerio la responsabilidad patrimonial por desvincularse de este proyecto pese a tener firmado un protocolo. Si no reciben respuestas positivas, emprenderán un contencioso-administrativo para pedir daños y perjuicios. “Estamos convencidos de que los tribunales nos van a dar la razón”, apunta Díaz.

El ministerio defiende que ha realizado en Andalucía 17 obras de modernización y consolidación de regadíos, por valor de 394,75 millones de euros. Las obras han afectado a una superficie de 60.048 hectáreas y han beneficiado a 21.118 regantes. Cuatro de esos convenios los firmó en días pasados con varias comunidades de regantes de las Vegas Altas del Guadalquivir en Jaén, por valor de 13 millones.