Pescadores valencianos contra las prospecciones petrolíferas

Los pescadores se sienten engañados por el gobierno valenciano y su radical giro en la posición contra las prospecciones de hidrocarburos previstas en el Golfo de Valencia. Todas las cofradías de la Comunidad Valenciana se reunieron ayer en Castellón para iniciar, ahora solos, el combate contra la campaña sísmica que la empresa Cairn Energy realizará sobre 317.760 hectáreas frente a la costa valenciana y a solo 19 kilómetros de las Columbretes. El sector teme un “holocausto medioambiental” provocado por una campaña sísmica que creen “inminente”. La batalla, cuyos objetivos se fijaron ayer, se hará en varios frentes. Los pescadores han anunciado que impugnarán el real decreto por el que se aprobaron estos permisos en diciembre de 2010 porque, dicen, no han sido tenidos en cuenta y quieren llevar el caso ante Europa por tratarse de un tema de competencia comunitaria.

Los hombres de la mar pronostican un holocausto medioambiental

Paralelamente, el sector ha decidido crear una plataforma conjunta de lucha para convocar manifestaciones y sumar apoyos. Entre ellos, los de todos los ayuntamientos costeros. Al encuentro de ayer acudieron representantes de los consistorios de Castellón, Cullera, Gandía, Peñíscola y Benicarló, entre otros. Ayuntamientos todos ellos bajo el mando del PP pero que se oponen públicamente a las prospecciones frente a un Consell que ha moderado, o prácticamente eliminado, su discurso de oposición con el cambio de gobierno en Madrid.

José Ortega, secretario de la Comisión Interfederativa de Cofradías y abogado, desgranó este cambio de posición. Citó la reunión que convocó la exconsejera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Maritina Hernández, en enero de 2011. “Nos llamó para alertarnos del riesgo para los intereses pesqueros y nos pidió que nos pusiéramos en pie de guerra y que movilizáramos a los alcaldes”, dijo Ortega. Según dijo, se habló de presentar un recurso pero se hizo tarde. Sí lo hicieron los ayuntamientos de Valencia, Alzira y Cullera, pero fueron desestimados. Entre los asistentes, un miembro de la junta rectora de las Columbretes, citó también una reunión con el exconsejero de Medio Ambiente, Juan Cotino. “Nos hizo una exposición de por qué era tan peligroso este proyecto y ahora este documento ha desaparecido”, dijo.

El abandono del gobierno valenciano ha pasado a ser marginación. José Ortega explicó que han reclamado el expediente de los proyectos a la consejería de Medio Ambiente pero no han sido atendidos. Tampoco se les ha facilitado desde el Ministerio de Industria ni de la Delegación del Gobierno. “Parece que haya una conjura para que el sector pesquero no pueda verlo”, apuntó. Lo que sí hizo la Delegación del Gobierno fue convocar un encuentro en junio de este año con la empresa y el sector. “Allí preguntamos qué consecuencias tuvo su experiencia en Noruega y si la onda sonora de los sondeos sísmicos llegará hasta Columbretes, pero no supieron contestar”, aseguró el representante de las cofradías.

El Consell, que ahora guarda silencio, alertó de los riesgos

Las cofradías de la Comunidad Valenciana no quieren perder más tiempo. La campaña de adquisición sísmica está en fase de evaluación ambiental. Según detalló José Ortega, se trata de enviar ondas sonoras al fondo del mar para que reboten. Un “estruendo” que provocará, aseguran, la desaparición del pescado. “Posiblemente se va a producir una gran mortandad, va a ser un holocausto medioambiental”, manifestó. Por ello, las cofradías quieren presentar alegaciones a este proceso. Pero la gran baza que esgrimieron ayer es llevar el conflicto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De hecho, el mes pasado remitieron una queja a los organismos europeos por la falta de información. Para Ortega, la única vía (aunque larga en el tiempo) es impugnar el real decreto alegando que no fueron consultados para que el expediente llegue hasta Luxemburgo, puesto que las competencias en materia de pesca son comunitarias y, en última instancia, Europa debería decidir. “Vamos a ir a una impugnación por indefensión grave porque no fuimos consultados”, añadió.