La Diputación de Castellón quitó ayudas a pueblos para pagar una corrida de toros

La Diputación de Castellón descontó partidas sociales a Ayuntamientos de la provincia para “compensar” la deuda contraída por la adquisición de las entradas de toros de la corrida de la Beneficencia. El evento, creado por el expresidente Carlos Fabra, se sufragaba a través del pago por parte de los consistorios de una parte de las entradas que la institución provincial remitía. “Las entradas nos llegaban cada año, nos las quedábamos casi por imposición porque se trataba de algo benéfico, y luego nos descontaban el importe”, explica el alcalde de Rosell, Evaristo Martí (PSPV).

El método común era descontarlo de la recaudación por tributos que la Diputación debía reintegrar. Así fue como se cobraron los casi 20.000 euros a Vila-real, cuya denuncia ha provocado que la Fiscalía abra una investigación sobre cómo se gestionaba la corrida de la Beneficencia. La Diputación ya ha remitido al ministerio público documentación de los cinco últimos años de la corrida de la Beneficencia.

El actual presidente, Javier Moliner, puso fin a este método pero durante su mandato también se han estado cobrando las deudas por las entradas de 2009, 2010 y 2011. Y en algunos casos, con cargos a ayudas sociales. Así consta en el decreto de 25 de octubre de 2011 por el que se aprueba quitar al Ayuntamiento de Les Useres 800 euros en concepto de entradas de 2009 con cargo a la subvención para los costes de funcionamiento de las viviendas tuteladas para personas mayores que ascendía a 1.689 euros.

Lo mismo ocurre con el Ayuntamiento de La Vall d’Uixó. La Diputación aprobó, vía decreto en noviembre de 2011, “compensar” una deuda de casi 9.000 euros por las entradas de 2010 y 2011 restándolo de un convenio por el mismo importe destinado al “mantenimiento de centros del voluntariado de la provincia de Castellón”. Ninguno de los dos alcaldes dice recordar que se restase dinero de partidas sociales, pero sí admiten el cobro.

Todos estos decretos están ya siendo investigados por la Fiscalía de Castellón en las diligencias abiertas tras la sentencia del TSJ que ordenó devolver 20.000 euros a Vila-real. El tribunal mostró su “perplejidad” por el hecho de que se argumentara que la petición de entradas se había hecho siempre “de forma oral” y vio indicios de ilícito penal por presunta prevaricación y/o malversación de caudales públicos en la gestión de fondos de la corporación provincial.

El portavoz de Compromís en la Diputación, Enric Nomdedéu, cuyo grupo ha tenido acceso a los informes, ha denunciado “las extrañas prioridades” de la Diputación y tildó de “escandaloso” que “se detraigan fondos destinados a centros de mayores o a ONG para abonar deudas pendientes” de las entradas.