Una juez pide 156.000 euros por supuesta estafa a una desahuciada

Pilar Martínez no levanta cabeza. Hace más de ocho años fue víctima de una supuesta estafa tras adquirir una deuda menor en un banco que derivó en un crédito fraudulento. A esto se ha unido una invalidez por depresión, la falta de empleo y el peligro de un segundo desahucio. "Estoy en la ruina total", se lamenta.

Hace pocos días entró por fin en su casa una noticia esperanzadora. La juez que dirige el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga el caso, ha dictado el auto de apertura de juicio oral y en este solicita a los imputados, para los que el fiscal ha solicitado penas de siete años de prisión, una fianza para cubrir los perjuicios que pudieran derivarse si hay condena.

La necesidad de hacer frente a una deuda de 3.000 euros llevó a Pilar en 2005 a recurrir a Finanziamar, una sociedad ya disuelta. Al poco tiempo, los socios, ahora imputados, de la financiera empiezan a pedirle desembolsos periódicos de 2.500 millones de euros con el pretexto de que la deuda se ha disparado debido a los altos intereses.

Pilar se comprometió además con la compra de una vivienda en el barrio del Cabanyal, de la que fue desahuciada al no conseguir hacer frente a los pagos. Ahora vive en un piso social de la empresa municipal Aumsa por el que paga 450 euros y además los gastos. En total, unos 600 euros al mes.

"Estoy cobrando solo una pensión por minusvalía de 392 euros. Y tengo un hizo de 19 años a mi cargo. Es duro no poder pagarle los estudios que necesita", explica. Pilar ha solicitado una vivienda social a las autoridades, que no sobrepase los 70 euros mensuales. "No puedo pagar más". Adeuda la renta de los últimos meses a Aumsa. "No tengo dinero para pagarla", subraya.