Libertad con cargos para la exalcaldesa de Peñarroya y los otros dos acusados

Luisa Ruiz, exalcaldesa socialista de Peñarroya-Pueblonuevo, quedó la noche de este jueves en libertad tras declarar ante el magistrado del Juzgado de Instrucción 2 del municipio. Sobre ella pesan, no obstante, los cargos de delito contra la Administración Pública, fraude y falsedad documental. De la misma forma, han quedado en libertad con cargos los otros dos acusados detenidos que este jueves han prestado declaración, Carlos Guasch, consejero delegado de la empresa Compañía General de Ferrocarriles Turísticos, y el presidente del Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril, Ricardo Oliver. El juez ha impuesto a Guash y a Oliver la medida cautelar de acudir al juzgado los días 1 y 15 de cada mes para evitar fugas.

Los tres fueron detenidos a principios de semana en el transcurso de una investigación de la Guardia Civil que busca esclarecer el destino final de subvenciones europeas, nacionales y autonómicas, otorgadas para el desarrollo económico de las antiguas zonas mineras del carbón (conocidos como fondos Miner), así como irregularidades que también afectarían a los posteriores procesos de contratación pública que se articulaban para hacer efectivas las distintas actuaciones subvencionadas.

La operación, bautizada como Rocket, sigue abierta y también se ha desarrollado, además de en Córdoba, en Barcelona, Lérida, Valencia y León. Otras diez personas han sido imputadas. Siete de ellas son vecinos de Peñarroya-Pueblonuevo, donde además se desarrollaron cuatro registros. El propio Ayuntamiento fue registrado este martes. También ha habido registros de agentes en distintas dependencias municipales y diversas sedes de empresas vinculadas con los hechos y domicilios particulares de las personas implicadas. Además, se ha investigado la empresa municipal Promociones Industriales, con la que trabajaba el Ayuntamiento para recibir las subvenciones.

La denuncia inicial, presentada por el actual equipo de gobierno local del Partido Popular, apuntaba la existencia de irregularidades en relación con la gestión de las subvenciones por el tren turístico y el museo que la anterior corporación había firmado con los dos empresarios arrestados por valor de 1,8 millones de euros. Pero la Guardia Civil ha extendido la investigación a otras ayudas de las que ha sido beneficiario el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo entre los años 2007 y 2011. La operación la llevan a cabo agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, apoyados por unidades de las zonas de actuación, todo bajo la dirección del Juzgado de Instrucción 2 de Peñarroya-Pueblonuevo.