El PP no logra que la oposición se preste a romper el pacto lingüístico

Es difícil imaginar un Gobierno cualquiera que lleve al Parlamento reformas de calado constitucional sin haberlas consensuado para que tengan éxito. Sin embargo, eso ha hecho el Consell con la reforma de unas instituciones que figuran en el Estatut d’Autonomia, forman parte, por tanto, del denominado “bloque constitucional” y están “blindadas”, como señaló el propio consejero de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, por mayorías cualificadas que exigen el concurso de la oposición. Si, además, se añade que la oposición pudo esgrimir contra la intención del Gobierno presidido por Alberto Fabra informes desfavorables del Consell Jurídic Consultiu (organismo también afectado por la eventual reforma), la escena induce más a la perplejidad.

Tanto Castellano como los diputados del PP insistieron este miércoles en que la intención es reducir el número de miembros de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), el Consejo Económico y Social (CES), el Consell Jurídic Consultiu (CJC) y el Consell Valencià de Cultura (CVC) y de adecuarlos, no solo a un contexto de crisis y de austeridad, con un ahorro conjunto de 4,5 millones de euros, sino también a la reforma del Estatut de 2006. Solo en el caso del CES encontraron los populares el apoyo de los socialistas porque hay acuerdo en el organismo y se trata de prescindir en él de una nutrida representación de la Administración. “Les aseguro que no es un cheque en blanco”, advirtió el diputado Jordi Serra, que se reservó la posición final a comprobar cómo queda el proyecto tras su debate parlamentario.

En los otros tres proyectos, la mayoría absoluta del PP sirvió para rechazar una tras otra las enmiendas a la totalidad de la oposición. Esa mayoría absoluta no bastará al Consell y su grupo para aprobar los proyectos cuando llegue el momento, ya que deben contar con tres quintas partes de los votos de las Cortes Valencianas. Un objetivo difícil si se tiene en cuenta que para el CJC proponen los socialistas una incompatibilidad con el cargo de diputado que dejaría fuera a Francisco Camps; que Compromís plantea la incorporación por sorteo de especialistas de reconocida trayectoria en esa institución y también en el CES o que toda la izquierda quiere que sea devuelto sin más al Consell el proyecto de crear ex novo la Acadèmia.

Este último punto fue el más polémico. “Quieren resucitar el conflicto lingüístico”, argumentó Josep Maria Pañella, de Compromís, que recordó que en 1998 se creó la Acadèmia fruto de un pacto para apartar el valenciano, su normativa y estudio, de la agenda política. El diputado añadió, citando el dictamen del Consell Jurídic, que aquella ley hizo a los académicos legalmente “inamovibles”. Lluís Torró, de Esquerra Unida, avisó de que la propuesta por el Consell “sería una ley anticonstitucional”, valoró el balance de la Acadèmia, pese a que su grupo no apoyó su creación, porque ha dejado claro que el valenciano y el catalán son la misma lengua y acusó al PP de pretender evitar que dentro de tres años, como está previsto, los miembros de la Acadèmia se elijan entre ellos y escapen del control político.

Fernando Giner, del PP, negó la intención de reabrir el conflicto. “La justificación fundamental es reducir el gasto”, alegó, pero no evitó descalificar los modelos lingüísticos impuestos en nombre de “la pseudociencia” y defender, contra la Acadèmia, que “la lengua no la hacen los iluminados, la hace el pueblo”. La socialista Vicenta Crespo elogió “la paz social en materia lingüística” lograda por la institución y, tras recordar que PP y PSPV-PSOE pactaron su creación, evocó al presidente de entonces para retar a los populares: “¿Tienen vergüenza de lo que hizo Zaplana?”.