Jonan Fernández promete atender a las propuestas de las víctimas

El principal elogio al plan de paz de Iñigo Urkullu de los expertos estadounidenses con los que el lehendakari se reunió en EE UU fue la participación de la ciudadanía y los distintos agentes en el mismo. Este lunes, el Consejo de Participación de Víctimas se reunió en la Lehendakaritza para centrarse precisamente en eso, en el proceso participativo que el secretario general para la paz, Jonan Fernández, ha impulsado antes de cerrar el plan.

El presidente de este foro, José Luis de la Cuesta alabó al Gobierno por contar con sus opiniones, pero evitó realizar una valoración del plan porque la redacción final aún no se les ha facilitado. Una vez que esto ocurra, cada asociación realizará su lectura del documento. Las víctimas salieron del encuentro con la misma perspectiva sobre el contenido del plan que han venido expresando en los últimos meses, ya que el encuentro no tenía como objetivo negociar cambios en el texto.

Las posturas se mantienen a la espera de conocer cuál será el plan final. Este no se aprobará en Consejo de Gobierno hasta finales de noviembre, aunque el plazo para cerrar el documento estaba inicialmente previsto para el pasado domingo. Las distancias con las víctimas no se han acortado, si bien los distintos colectivos se mostraron agradecidos porque se les ha permitido participar en él.

El plan se aprobará en Consejo de Gobierno a finales de noviembre

El encuentro sirvió para que Fernández explicara a las asociaciones de víctimas las alegaciones que han sido presentadas por 28 agentes distintos. El secretario general para la paz y la convivencia explicó en el encuentro que habrá una referencia a las víctimas en el preámbulo del documento, protagonistas de algunas de las iniciativas del plan.

También habrá cambios en la redacción de aspectos que han generado la crítica unánime, como la referencia al compromiso de la Ertzaintza. La reunión estuvo envuelta por la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, una decisión que toca directamente a las víctimas por la posible excarcelación de presos de ETA y sobre la que las distintas asociaciones mostraron su parecer. Entre ellos, Maite Pagazaurtundua señaló que “faltó diligencia” y que el PSOE y el PP tenían que haber modificado el Código Penal, pero no lo hicieron. “Para evitar la impunidad hay que pensar con anticipación”, resumió.