Serra declara que el Banco de España avaló los sueldos en CatalunyaCaixa

El expresidente de CatalunyaCaixa Narcís Serra y quien fue su número dos al frente de la entidad, Adolf Todó, han defendido ante el juez la legalidad de los aumentos salariales para directivos que aprobaron en 2010, cuando la caja catalana estaba ya en una situación crítica. En su declaración como imputados, Serra y Todó han informado que esas retribuciones fueron avaladas por el Banco de España, por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y por consultoras externas.

El exministro socialista, que ha llegado a los juzgados una hora antes de lo previsto, ha declarado durante dos horas, cercado por los gritos y silbidos de una treintena de funcionarios de Justicia y de víctimas de las preferentes. Al acabar, Serra ha dicho que la dirección de CatalunyaCaixa fue “legal, leal y diligente” al aprobar subidas de la parte variable del sueldo en los consejos de administración de enero y octubre de 2010. Los beneficiados por esas decisiones fueron el propio Todó y Jaume Masana, subdirector. Este último no figura, de momento, entre las 52 personas imputadas por el juez, todas ellas miembros del consejo.

“En un momento de tanta presión social, es importante que el juez deje clara la diferencia entre los que actuamos siguiendo la ley y los que no”, ha apostillado en los pasillos del juzgado. Por motivos de seguridad, el expresidente ha sido conducido hasta la calle por un acceso distinto del habitual. “Llevamos aquí desde las nueve y se va a ir de rositas”, ha lamentado una afectada por activos tóxicos.

La subida fue “conveniente” y evitó la fuga de directivos, dice el exministro

Serra y Todó han coincidido en sus argumentos ante el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, el mismo que ha investigado el caso Palau de la Música: el Banco de España conocía, a través de informes y memorias, los sueldos de los directivos de la entidad. Y nunca puso objeción alguna. Todó ha añadido que intercambió correos electrónicos con el jefe de inspección de esa institución y que nunca le puso ningún impedimento.

Lo mismo puede decirse, explicaron, del FROB, que mantuvo las retribuciones incluso después de haber aportado la primera inyección de dinero a CatalunyaCaixa. La entidad acabó siendo nacionalizada e intervenida por el Fondo. Las subidas salariales cumplían con la directiva europea aprobada en 2009 y también era conocida por la Generalitat.

Los incrementos salariales, ha subrayado Serra, fueron incluso “conveniente” como incentivo a los directivos y evitaron que estos se marcharan a otra entidad. El exministro, imputado por un delito de administración desleal, ha puntualizado que se le atribuyen dos hechos puntuales. El Consejo de Administración de enero de 2010 aprobó la subida del porcentaje variable del sueldo del director, que pasó del 35% al 50%. El del mes de octubre de ese mismo año, aprobó un incremento tanto para el director como el subdirector del 1,5% del sueldo fijo. Serra ha justificado esa medida en el coste de la vida y afirmó que se incrementaron los salarios, asimismo, a todo el personal de la caja.

La investigación judicial ha arrancado a raíz de una denuncia que la Fiscalía Anticorrupción presentó el mes pasado. En el escrito, el fiscal reprocha que la entidad aprobara esos pagos al mismo tiempo que pedía dinero público por su situación de “insolvencia”. Las retribuciones e indemnizaciones para altos directivos fueron “desproporcionadas y ajenas a la real situación de la caja” y se adoptaron, además, “en un entorno de grave crisis económica”.

La inmensa mayoría de los miembros del Consejo de Administración aprobaron los aumentos. Serra y Todó apuntaron ayer que, aunque el voto era secreto, creen que los siete únicos votos contrarios a la subida procedían de los representantes de los trabajadores. Todó llegó a cobrar un total de cuatro millones de la entidad y se aseguró derechos económicos por otros 8,2 millones. Tanto él como Masana fueron destituidos por el FROB el pasado mayo.

Serra presidió el consejo entre 2005 y 2010 y percibía, según el fiscal, “elevados emolumentos en concepto de dietas”. A partir de 2007, además, se fijó para él un salario como presidente no ejecutivo. En total, en cuatro años, percibió poco más de un millón de euros entre salario y dietas. A preguntas del juez, Serra justificó esa decisión por un cambio legislativo que fomentaba la profesionalización de la presidencia. A partir de entonces, el cargo no fue ya meramente representativo y simbólico, sino que exigía cierta involucración en la gestión diaria. Serra afirmó, en ese sentido, que acudía a diario a la entidad y que despachaba regularmente con sus responsables.

En su declaración, algo más breve, Todó justificó sus retribuciones. El escrito del fiscal de Anticorrupción Fernando Maldonado critica, no obstante, que los sueldos de los dos ex altos cargos “no dejaron de subir” entre 2008 y 2011, en plena crisis. En el marco de esa “irresponsable política de retribuciones”, el fiscal cita las “escandalosas y millonarias” indemnizaciones que percibieron tres exdirectivos tras su dimisión por la fusión de las cajas de Catalunya, Tarragona y Manresa.

El fiscal subraya en su denuncia que los salarios fueron “desproporcionados”

La asociación Ausbanc, que ejerce la acusación popular, pidió ayer prisión provisional para Serra, aunque el juez descartó la medida. En la causa también figura, en la misma condición, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). El expresidente de CatalunyaCaixa no contestó a ninguna de las acusaciones y, en el caso de la CUP, dijo que ya lo había hecho en el Parlament —en el marco de la comisión de investigación— y que se había sentido insultado.

Tras Serra y Todó declaró otro miembro del Consejo de Administración, Joan Güell, un impositor al que le tocó formar parte de la comisión de retribuciones por sorteo. Güell —que acudía a esas reuniones desde Besalú, dos o tres veces al mes— dijo que no tuvo ninguna participación en las decisiones, aunque admitió que votó a favor. El hombre reveló al juez que él mismo y su familia son afectados por las participaciones preferentes.