Antifraude pide a la Generalitat más control de los altos cargos

Josep Maria Padrosa fue nombrado director del Servicio Catalán de Salud (CatSalut) el 4 de enero de 2011 y hasta el 25 de octubre de 2012 no presentó las declaraciones de actividades y bienes e intereses a las que estaba obligado por ley. Pese a todo, siguió compaginando su cargo público con el de apoderado de seis empresas privadas de la Corporación Fisiogestión que en los últimos tres años han facturado a la sanidad catalana más de 35 millones de euros.

Padrosa había sido director general de ese conglomerado empresarial desde diciembre de 2002 hasta su nombramiento como número dos de la sanidad catalana. EL PAÍS destapó el caso el pasado 20 de junio y la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) abrió entonces una investigación que ha concluido en archivo al considerar que no existen indicios de delito. Ahora se ha sabido que hasta que no se abrió esa investigación, Padrosa no revocó los poderes mercantiles que tenía en Corporación Fisiogestión.

Pese al archivo, la OAC recomienda al Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat que establezca las medidas necesarias para que los altos cargos presentes sus declaraciones de incompatibilidades en el plazo de tres meses que marca la ley, cosa que no hizo Padrosa. Del mismo modo, Antifraude envía copia de su informe a la Autoridad Catalana de la Competencia por las prácticas realizadas por si el grupo empresarial Fisiogestión, del que era apoderado Padrosa, hubiese mantenido prácticas colusorias contra la defensa de la competencia.

Los poderes que tenía se revocaron cuando EL PAÍS destapó el caso

Antifraude concluye en su informe que aunque Padrosa compaginó durante dos años y medio su condición de alto cargo de Sanidad con los poderes en las empresas de la Corporación Fisiogestión, no se tiene constancia que los utilizara ni que ejerciera ningún acto de representación. Antifraude tampoco aprecia desviación o incremento del volumen de facturación de Fisiogestión que se pueda relacionar con el nombramiento de Padrosa.

Pese a todo, el informe de Antifraude sí que constata que Padrosa contravino la ley de incompatibilidades, pero que no se ha podido aclarar si la propia Generalitat le requirió para presentara las declaraciones de incompatibilidades que debía.

El organismo que dirige el magistrado Daniel de Alfonso sí que recomienda a la Generalitat que en los casos en los que sea notorio el nombramiento de una persona procedente del ámbito privado para un cargo público ponga en marcha algún tipo de control para que antes de ser nombrados se revoquen y se dejen sin efecto los poderes mercantiles de los que venía disfrutando en esas empresas.

Corporación Fisiogestión ha venido facturando a la sanidad catalana desde 2002 por importes que oscilan entre los 7,9 millones de aquel año a los 12,52 del último período, en 2012, en que formó una Unión Temporal de Empresas (UTE). Antifraude recela de ese agrupamiento y del argumento de que se hizo para aglutinar empresas competidoras con la única finalidad de concursar. Más bien considera que responde a una práctica habitual de concertar intereses para asegurarse el concurso público, como lo demuestran algunas cifras referidas a la contratación de los servicios de rehabilitación y logopedia. Por ese motico, la OAC decide enviar su informe a la Autoridad Catalana de la Competencia para que investigue si se ha vulnerado este principio de la contratación.