Trias restringe la iniciativa ciudadana

La participación ciudadana ha sido uno de los dolores de cabeza del Gobierno municipal que preside Xavier Trias (CiU). El problema va más allá de los desórdenes de las audiencias públicas o de la reapertura de procesos urbanísticos, donde todo estaba ya consensuado, como la plaza de las Glòries. La mayor muestra de este problema fue el fracaso de la iniciativa ciudadana (la versión municipal de la iniciativa legislativa popular) propuesta por la Plataforma 0-3 en defensa del modelo de guardería pública. Los padres y maestros recogieron casi 26.000 firmas e hicieron todo lo que supuestamente tenían que hacer según la ley, pero el Ayuntamiento la desestimó por “motivos procedimentales”. Había un vacío legal.

Llenar esos huecos es precisamente uno de los objetivos que persiguen las reformas de los reglamentos de Organización y Funcionamiento de los Distritos y De la Participación que promueve el Comisionado de Participación Carles Agustí (CiU). Una tramitación que va para largo, pues el Gobierno municipal aún no ha logrado encontrar un socio político para pactarla.

Ambos textos vigentes tienen 10 años de antigüedad. En ellos solo se enunciaba el derecho a la iniciativa ciudadana, pero no se desarrollaba un reglamento. El que Agustí propone esboza un dilatado recorrido por los despachos para la comisión promotora. Desde el Consistorio lo valoran al revés y critican que el anterior Gobierno progresista no desarrollara ningún tipo de reglamento.

Ciertamente, el borrador aclara cómo deben recogerse las firmas y su proceso de autentificació. Pero también propone que, antes de toma la decisión de ser admitida a trámite, se solicite un informe específico del regidor o gerente de distrito con respecto a la iniciativa. Este documento debe “valorar la actividad desde el punto de vista del interés para el territorio, la viabilidad de ejecución y el coste directo o indirecto para el Ayuntamiento”. Un portavoz del Consistorio aseguró que este texto “no es perceptivo”.

Otro de los puntos establece que, además de iniciativas con textos articulados, se presenten otras con solo “líneas básicas”. En este último caso, el Ayuntamiento tiene que designar un comité que redacte el texto final de la iniciativa. Finalmente, el proyecto de norma también dice que en la comisión promotora no puede haber “miembros de la corporación municipal”. Se trata de un aviso de navegantes dirigido a Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA).

La participación de los ecosocialistas en la Plataforma 0-3 enfureció a Trias, como casi como todo lo que propone o dice su líder Ricard Gomà. “El reglamento que plantean deja la decisión de admisión a trámite de la iniciativa abierta a motivos políticos, no exclusivamente procedimentales”, criticó Gomà. Desde ICV-EUiA también ven con reservas que Agustí hable de una racionalización de las comisiones consultivas y sectoriales de los distritos. Ahora hay unas 660. “Muchos de ellos no se reúnen nunca”, explicó el portavoz municipal.

El Consistorio critica que el anterior gobierno no hiciera un reglamento

El fiasco de la iniciativa ciudadana en defensa del modelo de las guarderías públicas hizo que hasta la misma Síndica de Greuges de la ciudad, Maria Assumpció Vilà, le pidiera a Trias una rectificación. La Plataforma 0-3, que agrupa a entidades, padres y profesores de las guarderías municipales, recogió casi 26.000 apoyos con un documento donde intentaba tirar para atrás el aumento de ratios y la operación privada de tres centros, entre otras medidas, que tomó el regidor de Educación Gerard Ardanuy. Con los cambios, aseguran, se pone en riesgo el modelo de guardería barcelonesa. El Gobierno insiste en que ha logrado aumentar la cobertura a tener más niños más aula.

La plataforma, con sus camisetas amarillas, ya había ido a expresar su rechazo de las nuevas normas a los plenos, a las audiencias públicas de los distritos, a las reuniones con Ardanuy... Tras una larga campaña, en abril pasado optaron por la iniciativa ciudadana. Sin embargo, el Consistorio la desestimó porque, entre otras cosas, tenían que ser autentificadas por notario y se carecía de un “texto articulado de propuesta”.

La no aceptación del proceso desató la rabia de la plataforma, pues considera que las reglas no eran claras en la normativa. Vilà le pidió a Trias que la considerara argumentando que en la ley “no se dice nada de cómo han de recogerse y autentificarse las firmas y, por lo tanto, el Consistorio no puede exigir lo que no se dice en la norma”. En el último pleno antes del verano, en julio, Trias declinó sendas propuestas del PSC e Iniciativa para hacerle caso a Vilà. Y por eso ahora se blinda.