Santana, dos años en la cola del paro

El largo túnel en el que se sumergió la empresa automovilística Santana Motor no tiene fin. La factoría de Linares (Jaén) fue cerrada en febrero de 2011 por la Junta de Andalucía, que era su propietaria desde 1995 cuando asumió su control para evitar su quiebra tras la suspensión de pagos y la espantada de la multinacional Suzuki. Más de dos años y medio después no solo sigue pendiente el prometido plan industrial vendido bajo el paraguas de Linares Futuro, sino que unos 250 extrabajadores aguardan aún que se hagan efectivos los compromisos de recolocación o, en todo caso, que se les indemnice.

Del millar de empleados afectados por el cierre de Santana, casi 800 —los mayores de 50 años— obtuvieron una prejubilación pactada entre sindicatos y la Junta de Andalucía. Sin embargo, otros 250 santaneros siguen inmersos en un auténtico limbo, en especial unos 190 que ya han consumido la prestación por desempleo. Quedaron fuera de las prejubilaciones y se les prometió la recolocación en otras empresas que se instalarían en el parque empresarial de Santana al albur del plan Linares Futuro. Hasta ahora, las escasas contrataciones han llegado a través de la firma de trenes ligeros CAF-Santana, de una empresa de telefonía o de la antigua fundición de la industria de la automoción.

“La preocupación es máxima, no tanto por el pago de las indemnizaciones que están llegando poco a poco, sino por la falta de un plan de reindustrialización que se nos vendió como alternativa al cierre de Santana”, comenta Pedro Gálvez, sindicalista de CC OO y último presidente del comité de empresa.

Los sindicatos estudian de nuevo retomar las movilizaciones para pedir a la Junta de Andalucía que agilice este plan. Protestas que no cesarán a pesar de la nueva oleada de multas que están recibiendo por participar en los cortes de tráfico en la autovía de Andalucía hace varios meses. En los últimos días han llegado más de una docena de sanciones, de entre 200 y 700 euros, que se unen a otras 35 recibidas en el verano, la mayoría de 100 euros. También hay un procedimiento penal abierto. “Estamos haciendo una caja de resistencia con la solidaridad de todos los extrabajadores para poder pagar esas multas”, indica Gálvez, que culpa al subdelegado del Gobierno en Jaén, Juan Lillo —que fue alcalde de Linares entre 1995 y 1999—, de estar detrás de estos expedientes.

Mientras tanto, el alcalde de Linares, el socialista Juan Fernández, lleva meses clamando para que la Junta ceda al municipio la titularidad de las instalaciones del parque empresarial de Santana con el fin de atraer directamente la llegada de empresas. “Ahora han cambiando las personas al frente de la consejería que tiene la competencia y, por ello, lo que deseamos es que reaccionen rápido porque es una necesidad urgente para no abocar a Linares a un desierto industrial”, indicó en días pasados Fernández, para quien el Gobierno andaluz no puede actuar “como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer”.

La Junta sostiene que sigue trabajando “desde la discreción” para posibilitar la llegada de las empresas anunciadas en el plan Linares Futuro, un plan que, argumentan, se ha frenado por la situación de crisis. También defiende que los compromisos de indemnizaciones se están ejecutando “de forma notable”. Pero lo que es cierto es que ya son muchos consejeros los que siguen encontrándose a su llegada la patata caliente de Santana sin resolver. “Hoy no toca este tema”, dijo en su primera visita a Jaén el nuevo titular de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, sorprendido cuando los periodistas le abordaron por esta cuestión mientras acompañaba a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la inauguración del nuevo curso universitario.