Alaya impone 2,1 millones de fianza civil para el exdiputado Ramón Díaz

La juez Mercedes Alaya ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones al exdiputado socialista Ramón Díaz —imputado por malversación, prevaricación y tráfico de influencias y que se negó a declarar ante Alaya— por el “papel activo” desempeñado por el exparlamentario socialista en los ERE de tres empresas que incluyeron cinco intrusos: Calderinox, Saldauto y A-Novo. Asimismo, la magistrada le achaca “irregularidades de su gestión” al frente de los expedientes de subvenciones sociolaborales en las ayudas directas del hotel La Posada del Moro, SAT Virgen del Espino y Nerva Croissant, que carecían incluso de solicitud del empresario, pese a lo cual fueron concedidas. Las ayudas de Nature Pack Minas de Río Tinto y Huelva Comunicación Multimedia carecían de expedientes.

“El inculpado conocía que algunas de estas entidades carecían de actividad y de trabajadores como SAT Virgen del Espino y constituía una mera apariencia societaria para recabar subvenciones”, justifica Alaya para imponer la fianza civil. “Nadie controlaba el destino de las ayudas”, afirmó Díaz ante la Guardia Civil. “Lo que obviamente incrementaba el despilfarro de las mismas [las subvenciones]“ añadió la juez Alaya sobre la manifestación del exparlamentario.

Mientras, la juez ha impuesto 353.353 euros de fianza civil al ex secretario de organización de la Federación de Industria, Textil y Química (Fiteqa) de CC OO, por su inclusión en cuatro pólizas de la empresa Hytasal. La magistrada acusa a Florido de realizar labores de “captación” y “facilitador” para la consultora Vitalia, a la que gracias a sus relaciones con los comités de empresa aportaba información sobre firmas en crisis para ofrecerles el “paquete completo que suponía un ERE, con prejubilaciones y financiación publica garantizada”. A cambio de estas actividades, “en paralelo a su actividad sindical, beneficiando a Vitalia”, Florido obtuvo las cuatro pólizas gracias a su “estrecha relación” con Jesús Bordallo, representante de la consultora en Andalucía, según la acusación de Alaya.

El auto de Florido no establece la responsabilidad civil subsidiaria de CC OO, al contrario de lo acordado para su compañero de sindicato, Roberto Carmona, por el que Comisiones Obreras respondería si fuera condenado y no pudiera afrontar su fianza civil. Carmona solicitó para el sindicato un pago de 180.000 euros al que accedió José González Mata, de la consultora Uniter, que tras la solicitud pagó a CC OO y UGT, razón por la que también este último afronta la responsabilidad civil subsidiaria por Salvador Mera.

En paralelo, la magistrada ha fijado una fianza civil de 151.192 euros para Nieves Ruiz, exsindicalista de UGT y considerada intrusa en el ERE de la empresa Hytemasa. Ruiz era esposa del dirigente de la Federación de Alimentación de UGT en Jaén y fallecido en 2010, Rafael Mesa. Del ERE de Hytemasa también compareció ante Alaya esta semana la intrusa y esposa de otro dirigente sindical Josefa Martínez Elvira, a la que Alaya ha fijado una fianza de 30.000 euros, a pesar de que ya devolvió a la Agencia Tributaria 112.000 euros por las cantidades cobradas de manera indebida.

Por otra parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha remitido una circular interna sobre los ERE en la que reprueba las declaraciones y concentraciones en los juzgados en las que participó el secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández. UGT manifiesta su “desacuerdo” con el tono de ciertas declaraciones. “Defenderemos siempre el derecho a la crítica pública, pero también de los órganos judiciales”. En este sentido, la Junta de Fiscales de Sevilla se ha sumado al rechazo a los abucheos sufridos por Alaya la semana pasada a las puertas de los juzgados.