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Madrid se planta ante la reforma local

Botella pide a Montoro que cambie la Ley de Capitalidad para que el Ayuntamiento no pierda los servicios sociales

Victoria ve "inviable" que la Comunidad pueda asumirlos, como prevé el Gobierno

Ana Botella e Ignacio González, en una reunión en Sol.
Ana Botella e Ignacio González, en una reunión en Sol.

La alcaldesa de la capital, Ana Botella (PP), ha instado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), a modificar la Ley 22/2006 de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid para mantener como competencia municipal tanto el servicio de emergencias sanitarias (Samur) como “los servicios sociales que no afectan a personas dependientes”. Así lo ha anunciado esta mañana, coincidiendo con el inicio de la tramitación parlamentaria del anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que, tal y como fue aprobado por el Consejo de Ministros, pondría en manos de las autonomías los servicios sanitarios y sociales que ahora prestan los municipios. El portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria (PP), ha calificado hoy de “inviable” este cambio de competencias, tanto en Madrid como en cualquier otra región española, si no va acompañado de financiación extraordinaria. El anteproyecto no contempla esta posibilidad; según Victoria, asumir los servicios sociales supondría, por sí solo, alrededor de 500 millones adicionales."Sin recursos, no se van a poder asumir de golpe y en un plazo tan corto las competencias en Asuntos Sociales, Educación y Sanidad", ha zanjado.

“La reforma local sería el primer reparto de transferencias competenciales que no llevaría aparejado la financiación, es una ley que debe venir acompañada de los recursos necesarios”, ha asegurado poco después el presidente regional, Ignacio González. “Estamos a favor de todas las reformas que tengan por objeto la eficiencia de nuestras instituciones y la reducción de los gastos innecesarios, con lo que no estamos de acuerdo es con algunas cosas de la ley, de las que se han corregido algunas y otras se están debatiendo, como el escaso reconocimiento al trabajo de alcaldes y concejales”, ha añadido.

El anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio restringe al mínimo las competencias de los Ayuntamientos, les prohíbe prestar unos servicios que, en el caso de la capital, lleva años ofreciendo a los ciudadanos, y carga contra las cuentas regionales su financiación. Tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida están en contra del anteproyecto y temen que sirva de excusa para una poda brutal de servicios sociales. Fuentes del PP de Madrid están convencidas de que la reforma local "será la gran batalla de Montoro con todas las autonomías, independientemente del partido que las gobierne".

La oposición, también en contra

  • El portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky, considera que “el principal efecto de la reforma local será la rebaja de la calidad de los servicios a los ciudadanos”. En su opinión, es “una mala noticia desde el punto de vista democrático, pues condena a los Ayuntamientos a la marginación”. “La ley no se reduce al reparto de competencias. Es una coartada que aprovecha la actual situación de crisis para rebajar servicios. Simple y llanamente”, concluye.
  • El portavoz municipal de Izquierda Unida, Ángel Pérez, ha afirmado: “Si en la Comunidad no se inyectan los recursos necesarios para compensar esta supresión de prestaciones y, si así se hace, el Gobierno, que no parece muy dispuesto, se destina ese dinero a esos servicios, estaremos hablando de 615 millones adicionales de recortes puros y duros”. “Con el espíritu de esta reforma no hacen falta ni Ayuntamientos ni alcaldesas ni alcaldes; basta con abrir ventanillas en algunas oficinas de las comunidades autónomas”, añadió.
  • La concejal de UPyD Cristina Chamorro ha enunciado en el Pleno municipal la postura de su partido sobre la reforma, que, en su opinión, el Gobierno “afronta obligado por las circunstancias, sin entrar en el fondo de la cuestión y de la manera que menos perjudica a los intereses del PP”. “Ante el insostenible mapa municipal”, el anteproyecto prevé “retirar las competencias a los municipios ineficientes, dejándolos casi sin funciones y alejando su prestación de los ciudadanos”. “UPyD propone la fusión de municipios para que todos tengan más de 20.000 habitantes y la reducción drástica del coste de los servicios y del número de cargos públicos”, añadió Chamorro.

El Ayuntamiento de Madrid, con 3,3 millones de habitantes y un presupuesto de 4.300 millones de euros, debería ceder a la Comunidad gran parte de la red de servicios que ha puesto en marcha y alimentado en la última década, bajo la batuta del ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP). El anteproyecto permite a la Comunidad delegar la gestión en el Ayuntamiento, pero ocupándose de su financiación, algo que el Gobierno regional ve “inviable”.

La medida busca evitar que autonomías y municipios ofrezcan idénticos servicios, duplicando la oferta y, sobre todo, el gasto público. “Estamos de acuerdo en el fondo de la ley, una Administración, una competencia”, ha afirmado hoy Botella. “Pero tanto Madrid como Barcelona tienen características especiales que se deberían reconocer”, ha añadido. El anteproyecto vincula expresamente el cambio de competencias a las dificultades económicas que atraviesan los Ayuntamiento, que ofrecen, señala, unos servicios “sobredimensionados” que van más allá de lo que la normativa dicta y sus recursos le permiten.

Para atajar esa situación, pretende restringe las funciones municipales al urbanismo (planeamiento, promoción de vivienda pública, rehabilitación y protección del patrimonio); medio ambiente (parques, basura, agua, contaminación); tráfico y transporte colectivo; calles; policía local, bomberos y protección civil; conservación de escuelas infantiles; promoción de deporte, cultura y turismo; y “evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión”.

El Ayuntamiento de Madrid perdería así sus servicios más queridos: el Samur, cuya competencia había pactado con la Comunidad ampliar a toda la ciudad, tanto dentro de las viviendas (hasta ahora, responsabilidad del servicio regional de emergencias) como en la vía pública; y prácticamente todas las funciones del área de Asuntos Sociales, con 486 millones de presupuesto y servicios como la ayuda a domicilio, los programas de infancia y juventud, políticas de igualdad e integración de extranjeros, y la teleasistencia, que atienda a 133.000 mayores; los 16 centros de Madrid Salud; los 17 centros de mayores; las 56 escuelas infantiles...

Además, la Comunidad tendría sólo un año de plazo para asumir estos servicios y dotarlos de una financiación “adecuada y suficiente”, por lo que la puesta en marcha del nuevo sistema coincidiría además con las elecciones municipales y autonómicas de 2015.

La Comunidad mantiene abierto con el Gobierno ya un frente a cuenta de la financiación autonómica. El pasado lunes, González firmó una tribuna en EL PAÍS para solicitar al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy (PP), cambios en un sistema que considera “artificial, injusto e incoherente”. Según sus cálculos, a Madrid se le “han quitado” este año 1.000 millones, que se consolidarán en 1.300 millones en 2014. Cre que la región es tratada “de forma discriminatoria” y pide de forma “urgente” una reforma que “corrija las desigualdades”.

Botella ha señalado esta mañana que se “ciñe” a “las necesidades de Madrid”. “Creo en la solidaridad entre Administraciones. Los Ayuntamientos representamos un 4% del déficit público y hemos cumplido nuestras obligaciones, empezando por Madrid. Y no podemos olvidar que el Gobierno ha dicho que en su momento, probablemente el año que viene, se harán cambios en la financiación de las entidades locales”. La alcaldesa jamás se había enfrentado en público hasta ahora a una decisión del Gobierno, ni había sido tan tajante en la defensa de sus competencias; durante cuatro años (2003-2007) fue concejal de Asuntos Sociales en el Ejecutivo municipal de Gallardón, del que heredó el bastón de mando en diciembre de 2011.

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