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La Comunidad le pide “por favor” a Montoro que le deje emitir 689 millones

Los necesita para pagar a proveedores

El Gobierno regional rechaza adherirse al plan estatal pero a cambio insiste en poder colocar la deuda que tiene pendiente desde julio

El Gobierno regional ha renunciado a adherirse al nuevo plan de pago a proveedores aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, según ha anunciado tras el Consejo de Gobierno de cada jueves el consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, que entiende que pueden pagar en noviembre los pagos pendientes frente al plan estatal, que retrasaría los pagos a final de año. “No necesitamos adherirnos, tenemos una gran solvencia. Los bancos están muy interesados en hacer operaciones financieras con nosotros, sus plazos coinciden con nuestro perfil”, ha expresado el responsable económico del Ejecutivo autonómico. Eso sí, para no hacerlo y volar libre Ossorio ha reiterado sus peticiones de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, esto es Cristóbal Montoro, permita a Madrid emitir 689 millones de euros que tiene pendientes, una demanda que se remonta al mes de julio. “Ayer mismo el Tesoro coloco a unos tipos históricos… Pedimos por favor que nos permitan emitir deuda este viernes”, ha enfatizado el consejero.

La cifra es equivalente al 3,7% del PIB debido al nuevo techo de déficit fijado para este ejercicio, que en un principio estaba en el 0,7% y en agosto aumentó al 1,07%. "Nuestro caso es extraordinario, por la ampliación del objetivo de déficit que hizo la Comisión Europea para España", ha observado Ossorio. En los primeros meses del año, la Comunidad cubrió todas sus necesidades de financiación al colocar 2.270 millones correspondientes a amortizaciones de deuda y 1.314 millones de endeudamiento nuevo correspondientes al déficit de este año. “Esta decisión es buena para los proveedores, porque si nos adheriésemos al plan les pagaríamos a final de año. Al no hacerlo, lo haremos en noviembre. Además, se ahorraran trámites burocráticos, y será bueno para el propio Ministerio de Hacienda, ya que va a ver cómo pagamos antes y porque los fondos del plan de proveedores son limitados”, ha insistido Ossorio.

El Ministerio de Hacienda estima que la deuda total que la Comunidad de Madrid tenía pendiente con proveedores el pasado 31 de mayo ascendía a 1.062,4 millones de euros. Madrid señala en que la deuda con proveedores no pasaba de los 700 millones. La semana pasada la Comunidad apuntaba que no tenía un problema de tesorería y que si no pagaba más rápido era por la escasa disponibilidad de liquidez que le permitía el Ministerio de Hacienda.

De lo más de mil millones de Madrid por pagar a proveedores según las cuentas de Montoro, 540,9 millones son deuda del sector público administrativo. Otros 481,9 millones corresponderían a Incorporación al ámbito del sector empresarial y fundacional, 19,9 millones se adeudarían en transferencias a instituciones sin fines de lucro, 15,3 millones a farmacias y 3,5 millones a entidades locales. Finalmente, 707.000 euros serían de sentencias por expropiaciones.

“La Comunidad de Madrid lo puede todo, así que lo hará, pagará, pero el Ministerio tiene que permitirnos emitir deuda. La Comunidad cumplirá con los compromisos que tiene, pero nos gustaría hacerlo con ayuda… Estamos a mediados de octubre, no hay ninguna regla ni convenio que diga que no lo hagamos. No hay ningún tope ni ninguna fecha, pero llevamos diciendo desde hace tres meses que nos permitan hacerlo”, ha protestado, siempre elegante, Ossorio. Todos los años el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobaba un acuerdo que regulaba las normas para emisión de endeudamiento. Este marco decía que se concederían semestralmente para las amortizaciones, y trimestralmente para la deuda nueva. Este año Hacienda propuso un acuerdo que fue rechazado por todas las comunidades autónomas.

El Gobierno de Ignacio González cumple con la Ley de Morosidad, que marca para 2013 como objetivo que las empresas paguen a 60 días y las empresas públicas a 30. Más del 80% de los pagos de Madrid se realizan a 25 días, frente a los 37 que tardó de media el Estado en el segundo trimestre del año (en el primero fueron 58).

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